La Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB) recurrirá ante el juez el acuerdo alcanzado el pasado mes de octubre entre el Ayuntamiento de la capital grancanaria y la Jefatura provincial de Tráfico de Las Palmas, por la que esta última cedió a la Policía Local las tareas de vigilancia y competencia sancionadora en la práctica totalidad de las autovías y travesías de la ciudad, vías todas ellas que por su carácter interurbano son competencia de la Guardia Civil, según establece la ley.
Este acuerdo sólo encomienda a la Guardia Civil la GC-23, vía en la que estaba actuando la Policía Local de manera irregular, al igual que en otras muchas autovías, para resolver los problemas de tráfico que se producen, ante la falta de personal del cuerpo estatal. La carencia de agentes del instituto armado se volvió a poner en evidencia ayer, tras el atasco que se produjo en la GC-23 a raíz de un accidente porque los guardias civiles tardaron alrededor de media hora en llegar al lugar.
El presidente de la USPB, Víctor García, calificó de ilegal el acuerdo al considerar que encomienda a la Policía Local funciones que son competencia de la Guardia Civil y porque no se ha llevado a la mesa general de negociación del cuerpo municipal, pese a que es preceptivo porque cambia sus condiciones laborales y aumenta la carga de trabajo de los guardias urbanos. Mediante este acuerdo, añadió el representante sindical, todas las denuncias por infracciones que tramiten los agentes urbanos en las vías interurbanas serán gestionadas por la Dirección General de Tráfico que, además, recaudará el dinero de las multas.
"Los ciudadanos tienen que saber", advirtió García, "que el Ayuntamiento está trabajando, a través de sus policías locales, para la Dirección General de Tráfico a cambio de ningún tipo de compensación, como vehículos o etilómetros, como sí hace la Autoridad Portuaria con los bomberos. Al final nos han puesto a hacer funciones de la Guardia Civil y se han limitado a dividirse un territorio con una ´fórmula que es contraria a la normativa vigente".
A juicio de García, son la Guardia Civil y el Estado "los que tienen que resolver las carencias de personal que tiene el cuerpo. El Ayuntamiento se ha bajado los pantalones ante la Dirección General de Tráfico, porque el alcalde lo que busca es una solución a los atascos. El alcalde quiere resolver un problema a los ciudadanos y no encuentra apoyo por parte de la Delegación del Gobierno".
Consideró que lo que debería hacer Augusto Hidalgo es "exigir a la Delegación que ponga más efectivos de la Guardia Civil".
En cualquier caso, indicó que si ambas partes quieren que la Policía Local se haga cargo de las autovías, lo que deberían hacer es "firmar un convenio y que se acuerde en la mesa de negociación en qué condiciones va a desarrollar su trabajo la Policía Local".
Por su parte, una portavoz del concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, defendió la legalidad del acuerdo alcanzado con la Dirección General de Tráfico. A su juicio "el reparto de vías entre la Guardia Civil y la Policía Local no es fortuito y obedece, no a un capricho, sino a una lógica legal, que persigue dar seguridad jurídica a las actuaciones de los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil". "El reparto de vías", añadió, "se basó en un estudio realizado durante más de un año. El marco legal que se establece entre la ley de carreteras, la ley de tráfico y otra base normativa puede dar lugar a confusión, que la Comisión Provincial de Tráfico y Seguridad creada aclara tras un arduo trabajo técnico".
