Pensaban que podrían evitarlo, pero al final no pudo ser. Las trabajadoras de las Escuelas Infantiles de Las Palmas de Gran Canaria hicieron ayer una huelga de dos horas para denunciar la falta de materiales escolares y de limpieza que han sufrido desde septiembre, así como el retraso en el pago de la nómina de diciembre por parte de Ralons, la empresa que gestiona el servicio desde hace una década. Esta es la primera de las cuatro jornadas de paro previstas, si bien desde el comité y los sindicatos advierten que no descartan aumentar el nivel de las concentraciones hasta que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria les atienda. Algo que aseguran haber intentado, sin éxito, desde principios de curso.
La protesta tuvo lugar en los once centros de la red municipal donde la mitad de la plantilla compuesta por 214 empleadas salió a la calle, mientras que la otra mitad se quedó en las aulas para garantizar el 50% de los servicios mínimos y afectar así lo menos posible a los 1.200 niños de hasta tres años a los que se atiende en la actualidad. Las trabajadoras estuvieron arropadas por muchos padres que también se sumaron a la causa con pancartas en las que se podía leer: "Ellas no están solas".
Y es que esta no es la primera vez que el personal de los centros educativos municipales tiene problemas con la compañía de Miguel Ángel Ramírez que gestiona desde 2010 el servicio. "Ya entre abril de 2017 y marzo de 2018 nos estuvieron pagando el sueldo con retrasos", explica la presidenta del comité, Nieves Báez, quien cuenta que "a esto, también hubo que sumarle el despido de parte del personal en enero de 2018".
En la actualidad, en estos centros educativos trabajan más de 200 personas entre educadoras, auxiliares, subcoordinadoras, la coordinadora general, la psicopedagoga y la gerente. Todas ellas han tenido que enfrentarse a un inicio de curso duro, según lamenta Báez. "Desde el inicio del trimestre hemos tenido problemas con el suministro de material fungible para hacer las actividades con los niños, así como nos ha faltado material de limpieza como bolsas de basuras o guantes; así que nos hemos tenido que ir apañando como hemos podido y nos las íbamos ingeniando", cuenta. "Curiosamente, tras varios días de denuncia pública, ayer [por el martes] llegó una remesa de material de limpieza".
Esta semana también les ha llegado una parte de la nómina del mes de diciembre que se les deben. Concretamente, Ralons les ha ingresado un 10% que se suma al otro 58% del sueldo que cobraron hace varias jornadas. O lo que es lo mismo, aún les deben casi la mitad del salario. "El problema es que desde la empresa nos han dicho que esto va a ser así unos cuantos meses porque están en preconcurso de acreedores", denuncia desde Intersindical, César Merino. De ahí que desde el sindicato no comprendan cómo el Ayuntamiento no ha tomado cartas en el asunto.
Y es que aunque el contrato de la empresa de Ramírez vence a final de curso, existe la posibilidad de que puedan solicitar una prórroga de dos años para seguir prestando el servicio. La compañía ha declinado hacer declaraciones oficiales sobre la situación de la que tan solo han apuntado que toda la documentación y los informes están en manos del Consistorio capitalino. Desde el Gobierno local, el alcalde, Augusto Hidalgo, se pronunciaba la semana pasada al respecto para aclarar que la institución que dirige ha pagado "en tiempo y forma" a Ralons, así como para garantizar la atención sin interrupción de los menores debido al conflicto existente con las trabajadoras. El regidor municipal aseveró no haber recibido hasta ese momento ninguna notificación oficial de la huelga por parte de los trabajadores, si bien fuentes locales explicaron ayer que ya ha llegado.
Un hecho ante el cual Hidalgo anunció que se tomarían las medidas pertinentes que sean de competencia municipal. Medidas que, en cualquier caso, no barajan la remunicipalización del servicio, al tratarse de algo "imposible desde el punto de vista de la normativa estatal". Asimismo, el alcalde contó que el Consistorio había comenzado a elaborar el pliego de condiciones del servicio para el próximo curso y ya había solicitado los informes pertinentes para estar preparados ante las diferentes situaciones que puedan darse. "La ley nos da recursos para afrontar diferentes situaciones y nuestra prioridad son los niños y niñas que acuden a la red de escuelas infantiles de la ciudad".
Esto es lo que precisamente quiere el personal de los centros. "Nosotros queremos que las escuelas infantiles funcionen con la calidad que tienen que funcionar y queremos que también nos paguen por hacer nuestro trabajo", sentenció Nieves Báez, quien además es educadora en uno de estos enclaves. Es por eso que las cientos de trabajadoras piden al Consistorio capitalino "que tome cartas en el asunto" y proponga soluciones. "Esto va a ir a peor y nosotras llevamos desde septiembre intentado hablar con Lourdes Armas y, para nuestra sorpresa, ha sido imposible hasta el momento", apostilló Báez.
Por lo pronto, y dada la situación, las trabajadoras mantendrán los tres paros más previstos. El primer tendrá lugar mañana y, al igual que el de ayer, se hará en cada una de las escuelas. Así será también el miércoles de la semana que viene, cuando se realizará el siguiente. No obstante, el del próximo viernes 31 de enero será diferente puesto que está previsto que trabajadores, padres y sindicatos se concentren en la puerta de las Casas Consistoriales donde ese día se celebrará el Pleno.
"A pesar de que se hizo una convocatoria con tiempo suficiente para buscar soluciones, nos vimos abocados a hacer el paro y lo hicimos con unos servicios mínimos del 50%. Pero entre el lunes y el miércoles de la semana que viene se celebrará una asamblea en la que se decidirá si se eleva el nivel de la protesta y esto cada vez irá a más en función de lo que tarde el Ayuntamiento en recibirnos", explicó Merino.
