Yeray Hernández, presidente y representante legal de la Heredad de Aguas de Arucas-Firgas (HAAF), se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Fiscalía de Medio Ambiente, en su comparecencia de este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, como calidad de investigado por el incendio originado en Valleseco el pasado verano y que se llevó por delante más de 12.000 hectáreas.
El pasado 10 de enero, el Ministerio Público formalizó la citación del representante legal de la Heredad de Aguas de Arucas al considerar que existían indicios de que no se adoptaron medidas adecuadas para el mantenimiento de los tendidos eléctricos que eran de su propiedad, lo que indicaba que la cercanía de la masa forestal con ese tendido de tensión media fue lo que originó el incendio que se inició en el barranco de Crespo.
Para mañana, 6 de febrero, también han sido citados como testigos el responsable de explotación de E-Distribución (antigua Endesa, Distribución Eléctrica, SLU), un trabajador de la Heredad y el responsable de Electrimega, SL, que era la empresa que tenía contratada la Heredad para el mantenimiento de sus torretas y los sistemas eléctricos.
Tres meses antes de que se produjera el voraz incendio y a unos 100 metros de su origen, también se originó un conato que afectó una hectárea y media y que fue sofocado de manera rápida. Un hecho que ha estado investigando el Cabildo de Gran Canaria ya que el tendido eléctrico "se encontraba en mal estado y además no se había retirado la maleza".
Una tesis que también mencionó la Guardia Civil a este periódico en agosto, cuando se propagaron las llamas del gran incendio.
El fuego ocurrido el 6 de mayo de 2019 quemó una superficie que había sido reforestada con laurisilva y que fue sofocada por los técnicos forestales y bomberos con rapidez, lo que evitó que se extendiese y se volviese aún más catastrófico.
Una situación que se puso de manifiesto y que, pese a la advertencia, originó en agosto un gran fuego que afectó gravemente y de forma irreversible a un 10% de la superficie de bosque de la Isla, según un estudio de la consultora Nepcon España, y que provocó que unas 10.000 personas fuesen desalojadas de sus viviendas.
En ese momento los agentes de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) iniciaron las pesquisas para determinar las causas del fuego y llegaron a la conclusión de que se debía a la cercanía entre un pino y el cableado.
Sin embargo, el verano pasado, el presidente de la entidad ahora investigada por la Fiscalía sostuvo a LA PROVINCIA que ellos no habían sido los culpables del suceso y destacó que las llamas comenzaron en las dos ocasiones fuera de su propiedad. "La Heredad no es culpable del incendio. El fuego se originó en el lado izquierdo del barranco y eso no está en nuestro linde", insistieron.
Además, resaltó en aquella oportunidad que sus instalaciones resultaron gravemente afectadas debido a que el fuego perjudicó a las tuberías y canalizaciones que surten de agua a más de 900 hectáreas de plátano y hortalizas cosechadas en el norte de la Isla.
El Cabildo, por su parte, entregó el pasado mes de diciembre un informe al Ministerio Fiscal el cual fue elaborado por los agentes de Medio Ambiente y que consta de cientos de folios en los que los investigadores aplicaron el método de las evidencias físicas para reconstruir los hechos que sucedieron el 17 de agosto de 2019.
En la inspección técnica ocular realizada por los agentes se pudo detectar el lugar en el que se inició el incendio. A partir de ahí, los técnicos pudieron proceder a investigar qué pudo causarlo, por lo que el informe contiene un exhaustivo examen realizado tanto a la zona de origen como del punto preciso del comienzo y la causa.
Por lo tanto, una vez que concluya la investigación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas las dos últimas directivas de la Heredad podrían enfrentarse a un delito de incendio imprudente y sin dolo, por ser causantes del inesperado fuego que arrasó con 12.000 hectáreas de cumbre y medianías.
