La Fiscalía de Delitos Económicos la provincia de Las Palmas solicita hasta seis años de prisión y una multa de 273.750 euros para 15 ejecutivos y directivos por el fraude a la compañía Emalsa, para la que pide a los encausados una indemnización de algo más de 23 millones de euros por los perjuicios que le causaron los contratos suscritos con las empresas de los socios privados, sobre todo con Sercanarias y Satocan.
El escrito de acusación, presentado esta mañana por la fiscal Eva Ríos, pide seis años de prisión y 12 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros (18.250 euros para cada uno) por el delito continuado de apropiación indebida o, alternativamente, las penas de cuatro años de prisión y 46.054.760,32 euros de multa para cada uno de ellos, si se considera que los procesados han incurrido un delito de continuado de administración desleal.
Será el tribunal el que decida el delito que se impondrá a los responsables de las irregularidades contra la compañía Emalsa. En el caso de que el tribunal opte por la administración desleal, los acusados tendrán que abonar además de los 46 millones cada uno, una indemnización de 23 millones para compensar a la empresa, que se hará efectiva de manera conjunta y solidaria
Además de las penas entre cuatro seis años de prisión que se solicitan para los 13 ejecutivos, la Fiscalía pide 2 años y nueve meses de prisión para otros dos directivos por actuar como cooperadores necesarios, para los que se pide multas e indemnizaciones de cuantías similares al resto de encausados.
Las actuaciones investigadas corresponden al periodo comprendido entre 2007 y 2011, cuando Saur y Valoriza (Sacyr) tenían el 66% de las acciones de Emalsa.
Una vez formulado el escrito de acusación, el titular del Juzgado de Instrucción número 6, tendrá que dictar el auto de apertura del juicio oral.
