La Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas solicita hasta seis años de prisión y una multa de 264.000 euros para 15 ejecutivos de Saur, Valoriza y Satocan por el fraude a Emalsa, para la que pide a los encausados una indemnización de algo más de 23 millones que compensen los perjuicios económicos que ocasionaron a la compañía mixta del agua los contratos suscritos con las empresas de los socios privados, entre 2008 y 2013.
Evangelina Ríos considera en su escrito de acusación, entregado ayer al instructor, que las irregularidades de las que acusa a los 15 directivos son constitutivas de un delito continuado de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal, por lo que será el juez el que decida cual impondrá, en el caso de que los considere culpables.
En el caso del delito continuado de apropiación indebida, la fiscal interesa para 13 de los 15 ejecutivos investigados una condena de seis años de prisión y 12 meses de multa con cuota diaria de 50 euros (18.250 euros para cada uno), y dos años y y nueve meses de prisión y 10 meses de multas (15.000 euros) para un ejecutivo y el consejero delegado de la empresa constructora por ser cooperadores necesarios en el contrato de arrendamiento de las oficinas de Emalsa de la avenida Juan Carlos I.
Por el delito de administración desleal, pide cuatro años de prisión y 46.054.760,32 euros para cada uno de los ejecutivos, salvo para dos de ellos a los que interesa dos años y nueve meses de prisión y deberían abonar también 46 millones.
En los dos supuestos, los 15 ejecutivos encausados tienen la obligación de pagar a Emalsa de forma conjunta y solidaria una indemnización de 23.027.380,16 euros, para resarcir a la compañía por los perjuicios económicos causados, aunque dos de ellos sólo deberán aportar 2.062.500 euros de dicha cantidad.
La fiscal Ríos cifra en al menos 23,4 millones el quebranto económico ocasionado por los socios privados Saur y Valoriza (Sacyr) a la empresa pública Emalsa por los 18 contratos de servicios que fueron adjudicados de manera irregular a Sercanarias, la empresa de Saur y Valoriza. Los contratos, advierte Ríos, se han saltado tanto la normativa pública de contratos como la propia de Emalsa.
En los 23,4 millones se incluye también, como parte de las actuaciones de los socios privados consideradas lesivas para la empresa del agua, el contrato de alquiler de las oficinas de Emalsa que se suscribió con Satocan, cuyo presidente y dueño de los locales, Juan Miguel Sanjuán, se sentaba en el consejo de administración de la compañía, en representación de Valoriza, en el momento en que se materializó el arrendamiento. Según Ríos, "los gestores de Emalsa llevaron a cabo una operación perjudicial para la sociedad, cuyo principal beneficiario parece ser Satocan", al abonar el doble de lo que le correspondía, lo que supuso un daño económico de 2.062.500 euros entre agosto de 2008 y diciembre de 2012. Otra actuación perjudicial para Emalsa la constituye el abono anual "no justificado" del 2% de la cifra de negocio de la compañía a cada uno de los socios privados. La fiscal inició en 2013 la investigación de las irregularidades de Emalsa, tras una denuncia presentada por el entonces alcalde del Partido Popular (PP), Juan José Cardona.
Cuando se produjeron las irregularidades investigadas, Saur y Valoriza tenían el 66% de las acciones de Emalsa. Valoriza traspasó en 2018 su 33% a Saur, cuya mayoría ha sido adquirida por la multinacional sueca EQT. Esta operación, que se hizo a espaldas del Ayuntamiento, pese a que tiene el 34% de las acciones, ha sido denunciada por el gobierno tripartito. Los 15 ejecutivos, directivos y técnicos imputados son los siguientes: Pablo Abril Martorell (Valoriza); Laura Rivero Padrón (Valoriza); Gerard Thierry (Saur ); José Luis Rubio Díaz de Tudanca (Saur); José Manuel Calderero (Saur); Guy Christian Fournier (Saur); Oliver Brousse (Saur); Pierre Jose Claude (Saur); Alfonso Ignacio López Díaz de Durana (Sercanarias); Pedro José Higueras Dávila (Satocan); José Julio Artiles Moragas (Satocan); Juan Miguel Sanjuán Jover (Satocan); Jesús Blanco García (Sercanarias/Valoriza: José Luis Pérez Talavera (Valoriza) y Rafael González Bravo de Laguna (Sercanarias por Saur).
El titular del Juzgado de Instrucción número 6, Luis Galván, ha dictado una providencia por la que le da a la fiscal cinco días de plazo para que subsane un "posible error material" detectado en el escrito de acusaciones en relación con José Luis Rubio, que figura entre los quince acusados, pero luego no aparece en el apartado de la tipificación del delito y petición de penas. Una vez corregido el error, el magistrado instructor Galván dictará el auto de apertura del juicio oral, que pasará a la Audiencia Provincial.
