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El negocio del agua La gestión de Emalsa ante la Justicia

El alquiler de las oficinas causó un quebranto a Emalsa de dos millones

La fiscal ve desorbitado el precio, que "no obedece a criterios empresariales"

El alquiler de las oficinas causó un quebranto a Emalsa de dos millones

El alquiler de las oficinas causó un quebranto a Emalsa de dos millones

El alquiler de las oficinas de Emalsa en la avenida Juan Carlos I, cuyo precio inicial se fijó en 90.000 euros mensuales, causó un quebranto a la compañía mixta del agua de 2.062.500 euros, durante el periodo comprendido entre agosto de 2008 y diciembre de 2012, los años investigados por la Fiscalía de Delitos Económicos. El alquiler, cuyo principal beneficiario es Satocan, la empresa arrendataria, nunca debió superar los 37.500 euros al mes, según el precio de mercado que tenían las oficinas de esa zona.

La fiscal Eva Ríos califica de "desorbitado" el precio que pagó la empresa por el alquiler de tres plantas en el edificio del centro comercial Las Ramblas, una de la cuales continúa todavía sin ocupar. En su escrito de acusación contra 15 ejecutivos de Saur, Valoriza-Sacyr y Satocan, la representante del Ministerio Público considera la operación lesiva para Emalsa, que llegó a abonar más del doble de lo que le correspondía según el precio de mercado de la zona. El contrato de arrendamiento, que fue suscrito por los socios privados en 2008, a espaldas del entonces alcalde Jerónimo Saavedra, tuvo un precio inicial de 90.000 euros mensuales, que el exregidor socialista obligó a bajar a 75.000 euros en 2009. El alquiler volvió a ser revisado durante el mandato del regidor Juan José Cardona a la cantidad de 60.000 euros, a raíz de un dictamen del Juzgado de Primera Instancia número 16 de Las Palmas de Gran Canaria que entró en vigor en octubre de 2014.

Ríos llama la atención sobre el hecho de que las tres plantas alquiladas pertenecen a la empresa Satocan, cuyo presidente, Juan Miguel Sanjuán, se sentaba cuando se firmó el contrato en el consejo de administración de Emalsa en representación de Valoriza-Sacyr.

Según el informe de auditoría de Auren, tras el segundo contrato que rebajó el arrendamiento a 75.000 euros, Emalsa llegó a pagar 28,41 euros por el metro cuadrado, cuando el precio de oficinas de similares características oscila entre los 10 y los 14 euros.

"Así pues y partiendo de la cantidad máxima de los 14 metros cuadrados, el precio del contrato de alquiler no debió rebasar la cantidad de 37.500 metros cuadrados", señala la fiscal, que añade que pese a ello, entre agosto y diciembre de 2008 se abonaron 90.000 euros al mes, lo que determina un exceso de 52.000 euros mensuales y de 37.500 euros los cuatro años siguientes.

Una planta vacía

Además, las dos plantas que ahora están ocupadas permanecieron vacías durante los dos primeros años de vigencia del contrato. "Resulta evidente", señala la fiscal, "que las oficinas alquiladas no eran las más adecuadas a las necesidades de Emalsa, que tuvo que hacer una costosísima reforma", valorada por la compañía en un millón de euros, "hasta el punto de que sólo pudo afrontar la habilitación de dos plantas y que ello no obstante se sigue pagando el alquiler de tres".

A su juicio, la operación de alquiler de oficinas entre Emalsa y Satocan no obedece a criterios empresariales, pues se abona un precio superior al que correspondería por oficinas de similares características, se alquilan más plantas de las que se necesitan y, además, ha sido necesario invertir un millón en habilitar las oficinas.

"Los gestores de Emalsa", concluye, "llevaron a cabo una operación perjudicial para la sociedad, cuyo principal beneficiario parece ser la entidad Satocan". Evangelina Ríos recuerda que la empresa Construcciones Cimientos y Buhardillas recibió 795.000 euros, por parte de Satocan, tras la firma del contrato de arrendamiento, como supuesta comisión por la operación. El primer pago se produjo, señala, "el mismo día que se firmó el contrato de arrendamiento, el 22 de julio de 2008, mediante tres transferencias bancarias" por un total de 355.300 euros, "ordenadas por Satocan y un pago más el 9 de septiembre por 440.000 euros".

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