La concejala de Educación, Lourdes Armas, ha ratificado a través de un decreto los servicios mínimos establecidos por la empresa Ralons para la huelga convocada por las trabajadoras de las escuelas infantiles que, en la práctica impiden ejercer este derecho, porque obligan a trabajar al 88% de las educadoras.
La trabajadoras han decidido continuar este mes con jornadas de huelga de dos horas los próximos días 17, 21, 26 y 28, entre las 8:15 y las 11:15 de la mañana, para protestar por el retraso una vez más en el pago de los salarios y la falta de materiales escolares y de limpieza y exigir al Ayuntamiento que rescinda la concesión a la empresa y se realice un contrato de emergencia, como se hizo el año pasado con el servicio de limpieza de colegios.
La empresa de Miguel Ángel Ramírez ha establecido servicios mínimos que oscilan entre el 50%, el 75% y el 100%, unos servicios que han sido ratificados por el Ayuntamiento, pese a ser denunciados por la representación sindical.
César Merino, representante de Intersindical Canaria, expresó la indignación de las trabajadoras por los servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento, que calificó de “abusivos”.
“El 88%” de servicios mínimos “es un desprecio absoluto hacia las trabajadoras y a su más legítima reivindicación”, denuncio Merino quien dijo que, por esa razón, Intersindical no acudirá a la reunión que tenía prevista mañana viernes con la concejala de Educación. “No asistiremos a esa reunión por coherencia, ya que son los hechos y no las palabras los que nos defeinde. Y el Ayuntamiento ha quedado perfectamente retratado”, al respaldar los servicios mínimos propuestos por la empresa Ralons, indicó.
“Desde este momento, ya no podemos hablar de la inacción de este Ayuntamiento y podemos considerarlos cómplices necesarios para que este despropósito continúe”, criticó César Merino.
Añadió que “declarar un servicio mínimo de esta magnitud es posicionarse” a favor de una de las partes y “no precisamente de la que ostenta la razón”, que son las trabajadoras que define su derecho a cobrar sus salarios en tiempo y forma.
A su juicio, “es absolutamente incompatible decir que el servicio de escuelas infantiles, que no es obligatorio, tiene un carácter esencial y al mismo tiempo estar en manos privadas. Esta medida desproporcionada intenta acallar por la vía del decreto una lucha legítima e imparable. El Ayuntamiento ha quedado perfectamente retratado.
El representante sindical informó de que ha puesto el decreto de los servicios mínimos en manos de los servicios jurídicos, con la idea de presentar una denuncia.
El gobierno tripartito rechazó en el último pleno ordinario una moción presentada por el Partido Popular para que se inicie el rescate del servicio, que está próximo a entrar en su primera prórroga. La moción fue apoyada por Ciudadanos y Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, cuyos concejales mostraron su apoyo a las trabajadoras de las escuelas infantiles.
