Una mujer de 37 años ha sido detenida por la Policía Nacional tras estafar, presuntamente, 155.000 euros a unas 14 personas con la supuesta venta de pisos embargados en Guanarteme. El atestado policial sobre estos hechos al que ha tenido acceso LA PROVINCIA / DLP revela que C.P. G. "engañó a las víctimas" para que, a través de transferencias bancarias, le ingresaran grandes sumas de dinero a su cuenta personal, como pago para la adquisición de viviendas que eran subastadas y que ella, supuestamente, conseguía, al tener un "intermediario" dentro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Según la investigación, la mujer le decía a los perjudicados que su contacto "retenía" las propiedades y se las adjudicaba a ella, que las ofrecía, con la condición de que primero realizaran unas "liquidaciones" pendientes que "ella no podía afrontar, por falta de liquidez". C. P. G. no realizaba contratos de compra venta a los perjudicados, pero sí mantenía conversaciones vía WhatsApp con las víctimas, por lo que todo el fraude quedó registrado. El atestado apunta a que la principal autora de estos hechos "conseguía ganarse el favor y la confianza de los perjudicados, haciéndoles creer a muchas de ellas que se trataba de autenticas relaciones de amistad en las que se realizan confidencias".
En este sentido, C.P.G. intercambiaba información personal con las víctimas, logrando así la "empatía, compasión y pena hacía ella", ya que relataba que había sufrido malos tratos por parte de su pareja y que se encontraba en una situación económica precaria, por tener tres hijos y no recibir la manutención acordada tras su separación. Con ello logró forjar amistades de las que, posteriormente, se "aprovechó económicamente", ofreciéndoles la compra de viviendas embargadas.
La mujer también se "valió", según la investigación, de familiares para dar confianza a los perjudicados, estafando incluso 45.000 euros al hermano y cuñada de su pareja por la adquisición de unos pisos en la calle Portugal. En este caso, el perjudicado y cuñado de la investigada transfirió por error 20.000 euros más, al creer que la primera transacción no se había efectuado correctamente.
Una vez que el dinero se hacía efectivo en su cuenta, la mujer, que acudió a dependencias policiales junto a su letrado Francisco Espino Morales, lo retiraba en su totalidad y lo repartía -según su declaración- con su cómplice A. J. C., quien era el supuesto contacto que tenía en la Agencia Tributaria. El hombre jamás se entrevistó con las víctimas personalmente, pero sí conversó con algunos vía WhatsApp y también fue incriminado directamente por la investigada.
Algunos de los afectados se conocían entre sí, ya que pertenecían al circulo cercano de la autora principal de estos hechos y, al darse cuenta de que estaban siendo estafados, acudieron juntos a comisaría a denunciarla. Una de las perjudicadas que adelantó 5.000 euros para la adquisición de un piso en la calle Portugal de la capital grancanaria, logró recuperar su dinero a tiempo, al acudir a Hacienda para informarse de la subasta donde le advirtieron que se trataba de una estafa, por lo que la víctima le dijo a C. P. G. que la denunciaría y esta accedió a devolverle el dinero.
La investigada también obtuvo el DNI de una amiga y se hizo pasar por ella para pedir un préstamo bancario de 6.000 euros, pero la afectada logró evitarlo, ya que le llegó una notificación a su móvil sobre la transacción. C. P. G. y su cómplice A. J. C. pasaron a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.
