El juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha impuesto una fianza de 25,3 millones para 13 de los 15 ejecutivos acusados de cometer un presunto fraude a Emalsa; así como de 2,2 millones a los otros dos acusados. Los investigados deberán consignar la suma en 24 horas desde la notificación, por generar un perjuicio económico a la empresa mixta de agua de la capital de 23,4 millones de euros, respecto a los contratos suscritos con los socios privados entre 2008 y 2013. La resolución judicial implica que los se sentarán en el banquillo en fecha aún no señalada ante alguna de las tres secciones penales de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El auto dictado por el magistrado Luis Francisco Galván Mesa destaca que la fianza es para asegurar las responsabilidades que pudieran serles impuestas y que, en caso de no consignar dichas sumas, el juez advierte que procederá a embargar los bienes en la cantidad suficiente para cubrir el total o que, en su defecto, acrediten ser insolventes. Tal y como adelantó LA PROVINCIA / DLP, la fiscal solicita que 13 de los acusados se sienten en el banquillo como autores de un delito continuado de apropiación indebida o de forma alternativa por administración desleal, enfrentándose así a las penas que van desde los cuatro hasta los seis años de prisión. Mientras que los otros dos responden, según la Fiscalía, como cooperadores necesarios, para los que solicita una condena privativa de libertad de dos años y seis meses.
Esto por el perjuicio causado a la empresa Emalsa por parte de los socios privados Saur y Valoriza (Sacyr), que, según la Fiscalía, es de 23,4 millones de euros mediante los 18 contratos de servicios que fueron adjudicados de "forma irregular" a Sercanarias, la empresa de ambos socios privados, ya que se saltaron la normativa pública de contratos de la empresa del agua. Además, la fiscal advierte de que entre las actuaciones lesivas de los socios privados a Emalsa se encuentra el contrato de arrendamiento de las oficinas de la empresa del agua, que fue suscrito con Satocan. La fiscal destaca que "los gestores de Emalsa llevaron a cabo una operación perjudicial para la empresa" ya que se pagó el doble de lo que correspondía y generó un daño económico entre agosto de 2008 y diciembre de 2012, de 2.062.500 euros.
Otra actividad que perjudicó a la sociedad fue el abono anual "no justificado" del 2% de la cifra de negocio de la empresa a cada uno de los socios privados. Fue debido a una denuncia presentada por el entonces alcalde del Partido Popular (PP), Juan José Cardona, en 2013, que se iniciaron las investigaciones por estos hechos. Al inicio de las pesquisas, Saur y Valoriza contaban con el 66% de las acciones de Emalsa, pero en 2018 Valoriza traspasó su 33% a Saur en una operación que se llevó a cabo a espaldas del Ayuntamiento capitalino, a pesar de contar con el 34% de las acciones.
Concretamente, la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, apunta a que los directivos y técnicos que responden como autores de estos hechos son: Pablo Abril Martorell (Valoriza), Laura Rivero Padrón (Valoriza); Gerard Fernand Thierry (Saur); José Luis Rubio Díaz de Tudanca (Saur); José Manuel Calderero (Saur); Guy Christian Founier (Saur); Oliver Brousse (Saur); Pierre Jose Claude Pans (Saur); Alfonso Ignacio López Díaz de Durana (Sercanarias); Juan Miguel Sanjuán Jover (Valoriza); Jesús Blanco García (Sercanarias / Valoriza); José Luis Pérez Talavera (Valoriza) y Rafael González Bravo de Laguna (Sercanarias por Saur).
Mientras que el ejecutivo de Satocan Pedro José Higueras Dávila y el consejero delegado de la empresa constructora, José Artiles Moragas, responden como cooperadores necesarios respecto al contrato de arrendamiento de las oficinas de Emalsa, situadas en la avenida Juan Carlos I. El ministerio público también interesa que se le imponga a los 15 investigados una multa si resultan condenados. Para cada uno de los acusados que responden como autores, la fiscal pide por el delito de apropiación indebida 18.250 euros y por el de administración desleal requiere 46.054.760,32 euros. En el caso de los dos cooperadores necesarios la sanción económica que requiere para cada uno es de 15.000 euros por el delito de apropiación indebida o 46.054.760,32 euros si resultan condenados por administración desleal. Respecto a la responsabilidad civil, Ríos pide que los autores de los hechos indemnicen a Emalsa de forma solidaria y conjunta con 23.027.380,16 euros y los cooperadores necesarios deberían aportar 2.062.500 euros de resultar condenados.
