La gestión de las obras de Las Palmas de Gran Canaria ha sido durante la última semana la protagonista del enfrentamiento entre la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP) y el Ayuntamiento capitalino. El debate saltó a la palestra el pasado viernes cuando la presidenta de la patronal, María Salud Gil, acusó a la sociedad municipal de Gestión Urbanística de la ciudad (Geursa) de "vampirizar" y "tiranizar" el sector al licitar los proyectos a través de subastas y con bajas desproporcionadas. Una afirmación que el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, niega categóricamente y que achaca a la condición de "palanganeros del Partido Popular" de la organización. Dos posturas y una realidad sobre la que a continuación se exponen algunos datos públicos.

Bajas en la adjudicación

Según señaló Gil, los problemas que ha habido en algunas intervenciones como la MetroGuagua o la pasarela Onda Atlántica, así como la mala calidad de las ejecuciones tienen como única culpable a Geursa, quien desde su punto de vista "debilita las estructuras empresariales e impide la consolidación de las pymes". Esto se basa en el análisis de 70 obras adjudicadas por la sociedad en el que determinaron que el 73% de ellas se adjudicaron con bajas de entre el 30% y el 40% de precio inicial. Un ejemplo sería el primer tramo de la MetroGuagua que fue licitado por algo más de 6,7 millones y adjudicado por 3,8 millones. La diferencia entre ambas cifras se traduciría en una baja del 42,87%, tal y como señalan los datos facilitados a este periódico por la patronal.

Por otro lado, Javier Doreste asegura que "el cálculo no se hace así", sino a través de la media aritmética "tal y como establece el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el Pliego Administrativo de Geursa". ¿Esto qué quiere decir? "Pues que para calcular las bajas que hay que sumar la cuantía que ofrece cada uno de los licitadores y dividir esa cifra después entre ese número de empresas que se presentan al concurso para sacar la media en base a la cual se hace la adjudicación", explicó.

El criterio de la media aritmética está recogido en la citada normativa estatal donde se señala que se considerarán desproporcionadas aquellas ofertas que, en base a ese promedio, sean inferiores al 25%, cuando concurra un solo licitador; menores al 20%, cuando sean dos licitadores; o inferiores al 10%, cuando sean tres, cuatro o más licitadores. Geursa, según el concejal, "endurece" estas pautas al fijar que las bajas no pueden ser superiores al 12,5%, cuando se presenta una sola compañía; a un 10%, cuando son dos; y a un 5% cuando son tres, cuatro o más.

"Si pasase lo que dicen los constructores ya nos habrían llevado a los tribunales y no tenemos ni una sola denuncia por este motivo", apostilló el edil antes de añadir que el "Ayuntamiento no fija los precios de las obras, sino que estos se proponen acorde al convenio con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en el que también están los constructores y suministradores". Doreste también apuntó que de 240 obras adjudicadas, "tan solo ha habido problemas en cinco, cuatro de las cuales las ejecutaba la misma empresa, Tecyr, y por eso se han rescatado".

Litigios judiciales

A pesar de no existir ninguna denuncia por baja temeraria, Geursa sí cuenta con varios litigios jurídicos, tal y como se puede consultar en su informe de 2018 y como denunció Salud Gil. Según recoge este documento, en hace dos años la sociedad tenía pendientes 21 procedimientos judiciales, "todos ellos por reclamación de intereses de demora, disconformidad o impagos", destacó la presidenta de la patronal. Por ello, la sociedad tuvo que provisionar casi 3,6 millones de euros.

"Este dinero se reserva poniéndonos en la situación de que perdamos y tengamos que pagar, pero en algunos de los casos de este listado en concreto, las hemos ganado o estamos todavía pendientes de sentencia o recursos de apelaciones", comentó el concejal. ¿Y qué pasa con el dinero que finalmente no se emplea en el pago de resoluciones judiciales? "Se destina al pago de otras sentencias o se devuelve las arcas municipales, al igual que el resto de los remanentes, ya que Geursa no puede quedarse con nada, solo con el 5% de los honorarios". Por este motivo, Doreste asevera que la empresa municipal también se enfrenta a otro problema: los plazos de pago.

Pago a proveedores

Otra de las cuestiones criticadas por los constructores es el tiempo que Geursa tarda en pagar a los adjudicatarios. Según recoge el último informe publicado por la sociedad, en 2018 el plazo medio de abono de facturas estaba en 115 días, "que en muchos casos llegan a 190, según nos han denunciado muchas empresas, por lo que se incumple la Ley de Morosidad", asevera Gil. Y es que la normativa estatal establece en su artículo 198 que "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra".

Además de ser ilegal, este hecho también afecta al sector, puesto que según explica la presidenta de la patronal, "hay empresas que, por capacidad, podrían optar a muchas licitaciones, pero sin embargo no lo hacen porque no pueden afrontar a nivel económico la presión que suponen los retrasos en el pago de las facturas". De ahí que culpe a Geursa de "tiranizar" el sector e imposibilitar el desarrollo y la consolidación de las pymes que, por este motivo, no puede competir en el mercado.

Sobre este tema, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reconoce que incumplen la ley al tener una media de abono tan elevada. "Tenemos previsto cambiar el procedimiento, de tal forma que una vez que se apruebe el presupuesto municipal se adelante a Geursa el dinero previsto para la licitación y ejecución de obras. Este sistema lo llevamos a cabo en 2017 y conseguimos reducir el tiempo de pago", comentó el edil que también quiso matizar que, dentro de esos 115 días de media también se incluye el Plan de Cooperación. "Esto lo paga el Cabildo de Gran Canaria, por lo que se debería incluir dentro de la media de pago que tienen ellos", añadió.