El gobierno tripartito se escudó ayer en el proceso penal en marcha contra 15 ejecutivos de Emalsa por delitos de apropiación indebida o administración desleal para intentar silenciar el debate en torno a las irregularidades en la gestión de la empresa mixta del agua, que han vuelto a ponerse sobre la mesa tras el escrito de acusación de la Fiscalía. El gobierno tripartito retiró a la oposición su último turno de palabra y evitó la votación de las propuestas planteadas por esta para emprender acciones administrativas y acabar con contratos irregulares como la gestión del saneamiento por parte de Sercanarias. El pleno urgente convocado por la oposición no duró ni una hora.

El Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs) y Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (CC -UxGC) acusaron al tripartito de no hacer nada para poner coto a las irregularidades del socio privado (Saur), ni siquiera después de haber presentado en enero de 2019 una acusación particular contra la parte privada de Emalsa, en la que se piden cuatro años de cárcel para 11 directivos por un delito de administración desleal. El consistorio excluye en su escrito a los tres directivos de Satocan que sí constan como investigados por la Fiscalía.

Tampoco dio cuenta la concejala de Aguas y Carnaval, Inmaculada Medina, del escrito de acusación del Ayuntamiento, para no "interferir de forma ligera" en el procedimiento abierto en la vía penal y "no crear aún más confusión". "Hemos defendido los intereses de los ciudadanos de esta ciudad en el consejo de administración, a pesar de estar en minoría, por la vía administrativa y la judicial, ganando en los tribunales, no como otros, hablando en la prensa y perdiendo en los juzgados".

El PSOE, Podemos y NC aprovecharon su mayoría para dar carpetazo al debate y presentar una enmienda, con la que impidió la votación de las propuestas de la oposición. La enmienda aprobada con la mayoría de gobierno dice que el Ayuntamiento "seguirá defendiendo, como ha hecho hasta ahora, el interés general en todas las causas abiertas en los juzgados, relacionadas con Emalsa y exigirá por todas las vías legales que se restituyan a las arcas de la compañía la cuantía que estimen los tribunales en sentencia f irme si estos así lo determinan".

El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, echó en cara al tripartito "no haber tomado las medias pertinentes para llevar a cabo un mayor control a Emalsa y cancelar los contratos irregulares, pese a contar desde 2015 con varios informes de funcionarios de la casa que advierten de incumplimientos graves en la gestión. Ni una sola resolución, ni una sola apertura de expediente administrativo, ni siquiera después del escrito de acusación de 2019, que más parece que fue presentado por temor a quedar malparados".

En la misma línea se pronunció Beatriz Correas, de Cs, que exigió el rescate del servicio de saneamiento, gestionado en precario por Sercanarias, y preguntó qué pasó con las ocho medidas que se anunciaron en 2015 para controlar la gestión del agua. "Nos engañó cuando dijo que asumiría el control del agua desde el consejo de administración y se limitó a ningunear a nuestros funcionarios. De todos los alcaldes, el máximo responsable de esta situación ha sido usted", sostuvo.

A Francis Candil, portavoz de CC-UxGC, le pareció "especialmente grave que el Ayuntamiento sepa que se está cometiendo delito, como afirma en su escrito de acusación, y no haya emprendido ninguna actuación administrativa. Sólo queremos saber si se han tomado medidas pertinentes para llevar a cabo un mayor control. No entiendo por qué hay que esperar a que haya una sentencia firme para someter a control a la empresa del agua".