Cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras que forman parte del grupo de 187 barrenderos que fueron despedidos a finales del pasado mes de enero por el servicio municipal de Limpieza Viaria, a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), se han concentrado esta mañana ante las oficinas municipal de León y Castillo para exigir su readmisión.
Miguel Ángel Álamo, portavoz de los concentrados, consideró que el despido de los 187 barrenderos es ilegal porque todos "entraron a través de una bolsa de trabajo que contemplaba un trabajo por un periodo de tres años". "Pese a ello", añadió, "nos despidieron a los seis meses". Añadió que aunque el contrato se vencía según el Ayuntamiento el pasado 7 de enero, se les prorrogó el contrato unos días más hasta el 21 de enero, por las necesidades del servicio.
Álamo informó de que los 187 presentaron en los tribunales el pasado mes de octubre una denuncia en la que piden al juez que se les aplique los mismos derechos que al grupo de 138 que han tenido que ser readmitidos por orden judicial, tras considerar que sus contratos temporales eran fraudulentos.
El colectivo tiene previsto concentrarse delante de las oficinas municipales todos los lunes y miércoles para exigir una solución a su situación. "Nos han echado como agua sucia sin darnos ninguna explicación y en estos momentos hay muchas familias que lo están pasando muy mal porque no tienen dinero para darle de comer a sus hijos, porque no tienen ni paro ni ningún otro tipo de ayuda". Añadió que desde octubre pasado solicitaron una reunión con el alcalde Augusto Hidalgo para plantearle sus quejas, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, expresó al colectivo "su total respaldo y el de todos los concejales populares", al tiempo que acusó a Hidalgo y a su grupo de gobierno de impulsar un ERE para echarlos a la calle.
Los trabajadores, consideró a través de un comunicado, "padecen la doble cara que caracteriza a Augusto Hidalgo, que por un lado habla de políticas progresistas y de apoyo a los trabajadores y por otro, los somete a procesos masivos de extinción de su puesto de trabajo".
"No nos olvidemos", destacó, "que es el mismo alcalde que, por primera vez en la historia del Ayuntamiento, contrata seguridad privada para suplir o sustituir a policías y bomberos", la última vez en la reciente Cabalgata de Carnaval, algo que de haber sido puesto en práctica por el PP, "no sabemos qué consecuencias hubiera provocado".
"El PSOE sigue sin dar ningún tipo de explicación a estos trabajadores", mientras "están escondidos debajo de la mesa ante la mayor chapuza de gestión política que se recuerda en la historia reciente de la ciudad". "Sin embargo", añadió, "no tuvieron ningún pudor para hacerse la foto de rigor con ellos cuando les contrataron en agosto de 2019. Para eso sí los querían", enfatizó Luzardo.
Recordó que la "chapuza" en la gestión de Limpieza costó tres millones de euros a todos los vecinos, destinados para afrontar el pago de salarios de tramitación a otros 138 trabajadores "a los que el PSOE-Podemos decidió despedir a finales de 2018 y durante un año completo, con la ciudad más sucia que nunca", destacó la edil del PP.
A juicio de Luzardo, "lo peor es que nada cambia en la deficiente política de limpieza del PSOE. La historia vuelve a repetirse", agregó, ya que el gobierno local despidió a finales de enero, y a pesar de resistirse a reconocerlo, a 187 trabajadores de limpieza.
"La ciudad presenta un estado impresentable de limpieza; Hidalgo tras casi 5 años en el cargo no es capaz de mejorarla, sino todo lo contrario, y lo único que le preocupa es grabarse vídeos de autopromoción vestido de espadachín o felicitando el Año Nuevo Chino, sonrojando" a la ciudadanía, criticó.
Por su parte, el concejal de Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria (CC-UxGC), David Suárez, expresó también su apoyo a los despedidos, al tiempo que criticó a Augusto Hidalgo e Inmaculada Medina, como responsables de la situación por la que atraviesa el colectivo. "Estuvieron para la foto el pasado julio", cuando fueron contratados, "en cambio ahora salen por la puerta de atrás para no ver a los 187 trabajadores que han dejado en la calle, junto a sus familias, el pasado 21 de enero", denunció Suárez, quien consideró que "ya está bien de que la gestión del servicio de Limipieza Viaria se haga en los juzgados". Recordó que en diciembre pasado la Justicia obligó al Ayuntamiento a reincorporar a 138 trabajadores despedidos y ahora "vamos a tener que esperar qué pasa con estos trabajadores, mientras las convocatorias de empleo público del servicio siguen sin pausa".
