Hace una semana efectivos de la Policía Canaria acudieron a la Cueva de los Canarios, en la montaña de El Confital, para identificar a los ocupantes que viven de forma ilegal en este yacimiento arqueológico protegido.
Los ocupas de la Cueva no han sido desalojados y continúan viviendo en las grutas del mencionado enclave, a falta de la pertinente autorización judicial para efectuar el desalojo.
La actuación de la Unidad Operativa de Seguridad Interior y Policía Administrativa (UOSIPA) del Cuerpo General de la Policía Canaria tenía por objeto informar a los habitantes ilegales de este espacio natural de las "responsabilidades administrativas o penales" en las que incurren por estar habitando un yacimiento prehispánico "con una catalogación y protección especial". Así mismo, levantaron "diligencias procesales" una vez identificados los cuatro moradores del lugar, tal y como explica la nota de prensa emitida el día de ayer por la Policía Canaria.
La situación de peligrosidad y "abandono" de las mencionadas cuevas ya ha sido denunciada en numerosas ocasiones por parte de la asociación de vecinos Foro por la Isleta y del portal Miplayadelascanteras.com, entre otros. El presidente de la agrupación vecinal, Félix Alonso Falcón, cuenta que los ocupas "en ningún momento se han marchado de las cuevas".
En todo caso, cuando unos moradores se marchan del yacimiento, otros llegan, en una situación de irregularidad que se mantiene desde hace años e incluso décadas. Cabe recordar que ya en abril de 2018 falleció una mujer que vivía en la montaña tras caer de una altura de más de diez metros. Apenas un mes después un hombre se precipitaba nuevamente desde una de estas cavidades.
El Cabildo de Gran Canaria, responsable del mantenimiento de este patrimonio, colabora con Gobierno y Ayuntamiento para poner en valor el tesoro paisajístico que se esconde en el tómbolo de La Isleta. Y es que la Cueva de los Canarios está protegida bajo la figura legal de Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 2009.
Para la Directora de Patrimonio del Gobierno canario, Nona Perera, "es necesario que las distintas administraciones velen por el patrimonio arqueológico" así como por "las familias" que viven en condiciones de inseguridad e insalubridad en dicho patrimonio.
Los habitantes espontáneos que a cada poco se instalan en las cavidades de la montaña estarían atentando contra un patrimonio cultural, por lo que se enfrentarían a sanciones administrativas, como se les ha explicado a través de la Policía Administrativa. Además de poner en riesgo su propia seguridad, habida cuenta de los desprendimientos de tierra que se producen ocasionalmente en el enclave prehistórico de La Isleta. El último incidente de este tipo tuvo lugar en julio de 2015, cuando varias rocas se cayeron de la ladera de la montaña y llegaron hasta la zona de baño de El Confital, que permaneció varios días cerrado al público.
Hace apenas un mes, la Consejería insular de Política Territorial y el Ayuntamiento capitalino, culminaron las obras de limpieza, desbroce y mantenimiento del mirador de Las Coloradas, en una apuesta por "alejar el vandalismo" y acondicionar el espacio natural para el uso y disfrute de visitantes y vecinos.
Tras diez años de su catalogación como Bien de Interés Cultural, la Cueva de los Canarios continúa siendo utilizada como vivienda habitual por parte de personas en situación de exclusión social y sin alternativa habitacional demostrada. Hecho que dificulta en gran medida la consecución de una autorización judicial para su desalojo. Es por ello que el Cabildo de Gran Canaria en colaboración con el Gobierno de Canarias, ha llevado a cabo actuaciones policiales para identificar a los ocupas y abrirles las oportunas diligencias procesales.
