El comité de empresa de Limpieza Viaria ha anunciado el inicio de movilizaciones para exigir al gobierno tripartito la inmediata puesta en marcha de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que aún no se ha aplicado pese a que fue acordada con lo sindicatos, hace casi un año, justo antes de las últimas elecciones municipales.
La RPT contempla una subida salarial y una serie de mejoras, entre ellas, la ampliación de la plantilla de personal que, según anunció el tripartito, justo antes de la campaña electoral, se duplicaría. El alcalde Augusto Hidalgo y la entonces concejala de Limpieza, Pilar Álvarez, anunciaron en abril de 2019 que la RPT acordada permitiría ampliar en un 84% la plantilla del servicio, hasta alcanzar los 1.100 trabajadores, “evitando los empleos temporales y dando estabilidad a los puestos de trabajo”
Los sindicatos UGT, Cobas, Intersindical Canaria, Sepca y CCOO, denunciaron a través de un comunicado el incumplimiento del acuerdo, en el que se acordó, entre otras cuestiones, aplicar en octubre de 2019 “una partida inicial de 800.000 euros, en concepto de mejoras salariales, así como la nueva estructura organizativa del servicio y el crecimiento de la plantilla”.
“Sin embargo”, señaló el comité, “seguimos sin ver nada de lo firmado y acordado y estancados en la casilla de salida porque siguen aplazando la aplicación de la RPT en cada nueva reunión”.
Los representantes sindicales denunciaron también la “mala gestión del servicio, que sigue sin gerente y sin un equipo técnico de funcionarios capaces de resolver de una manera eficaz la gestión administrativa básica”. Criticaron también a la concejala de Limpieza, Inmaculada Medina, que está “llena de ego político” y que “sigue haciendo oídos sordos a lo que se dice en muchas reuniones”.
“Prueba de ello”, indicaron, “ha sido la decisión de llamar al personal del proceso selectivo de la bolsa de trabajo sin resolver en tiempo y forma las alegaciones presentadas por candidatos y candidatas. Ella misma asumió en una reunión la responsabilidad de lo que le pudiera ocurrir y ocurrió, dando lugar al primer ERE histórico del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria bajo el mandato del Partido Socialista”. Los 187 trabajadores despedidos en enero pasado han exigido al juez su readmisión, reclamando que se les aplique los mismos derechos que a los 138 que fueron readmitidos por orden del juez, que consideró que sus contratos temporales eran fraudulentos.
Los sindicatos solicitaron una reunión urgente con el alcalde Augusto Hidalgo, pues “fue él el que firmó el acuerdo inicial , siendo el máximo responsable de la aplicación inmediata de la RPT. De no ser así”, añadieron, “activaremos una agenda de acciones y movilizaciones” para exigir que se cumpla lo acordado frente a la “desidia” del gobierno tripartito.
