La canalización del barranco de La Ballena en su paso por Guanarteme y la futura construcción de un edificio de 119 viviendas entre las calles Castillejos, Almansa, Vergara y El Salvador trae de cabeza a varios vecinos de la zona.

Esther Auyanet, quien forma parte de la asociación vecinal del barrio, presentó un escrito de alegaciones a las obras mencionadas, que forman parte de la actuación de dotación 'Castillejos-Vergara' (AD-09). Alegaciones que fueron desestimadas por tratarse de "un conflicto entre particulares", según asegura el concejal Javier Doreste. Los vecinos, por lo tanto, deberían negociar ellos mismos con la empresa constructora, que en este caso es Acosta- Matos.

Auyanet perderá varias ventanas de su vivienda en la fachada que da a la calle Almansa, donde van a "pegar pared con pared" la futura construcción. En la misma situación se encuentran "12 ventanas" de las casas terreras colindantes con el futuro edificio. Esta vecina denuncia que las transformaciones urbanísticas que se están produciendo en el barrio perjudican a los vecinos tradicionales en beneficio de empresarios y constructores. "Desde la Cícer hasta el parque Santa Catalina ves todos los edificios que se están comprando. Están comprando todo y tirando casas antiguas", cuenta Auyanet.

Los afectados por la actuación de dotación 'Castillejos-Vergara' (AD-09 ) no se resignan a la oscuridad de sus casas y denuncian lo que ellos entienden como un predominio del interés privado sobre el bienestar general. Y es que no son pocos los intereses públicos y privados que se entrecruzan en la transformación del tradicional barrio de Guanarteme.

La vecina alega que la constructora realiza la obra para la cimentación sin la licencia, como ya planteó el Partido Popular el pasado verano, cuando los promotores comenzaron las obras de desvío de la desembocadura del barranco. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, explicó en aquel momento, y ahora reitera, que el desplazamiento del recorrido del barranco en su desembocadura se lleva a cabo para dotar de mayor rectitud a un cauce sinuoso y serpenteante que dificultaría el recorrido de las aguas hacia el mar. Además, añade que "aunque lo ejecute una empresa privada, es una obra pública", por lo que para según qué actuaciones no es necesaria una licencia, sino "sólo" una autorización, con la que cuenta el proyecto.

La cuestión se enrevesa más si se tiene en cuenta que varias de las viviendas afectadas por la construcción del edificio carecen de licencia de obra y fueron construidas bordeando la ilegalidad hace más de cuatro décadas. Si bien "hace muchos años" se las regularizó bajo la figura legal "fuera de ordenación", pensada para proteger a aquellos ciudadanos que viven en la mencionada situación, explica el concejal capitalino.

Sea como fuere, la cuestión es que a día de hoy los vecinos reclaman unas "condiciones de habitabilidad" para sus viviendas "fuera de ordenación". Y la luminosidad del interior es una de ellas.

El concejal recomienda a la vecina que se ponga en contacto con la constructora para llegar a un acuerdo sobre la instalación de un patio de luz y evitar así quedarse sin la claridad que reclama. Sin embargo Auyanet arguye que ya en junio de 2019 se acercó a hablar con la empresa y esta únicamente le ofreció la posibilidad de "abrir una trampilla arriba y pasar los tubos de ventilación por la vivienda". Para la afectada, esta solución no es suficiente, por lo que continuará luchando para conseguir su objetivo.

Se lamenta también de la dificultad burocrática para acceder a los expedientes "de lo que van a acometer", aunque son publicados en el Boletín Oficial de Canarias, como recuerda el concejal Javier Doreste.