El Consejo de Gobierno dio ayer vía libre a la Vicepresidencia de Servicios Jurídicos para interponer un recurso contencioso - administrativo contra el proyecto Espacio libre en Nueva Isleta, aprobado en 2018 por el Ayuntamiento capitalino.

El proyecto en cuestión establece la creación de un área para huertos urbanos -16 parcelas-, un parque, aseos, áreas verdes, un graderío a dos niveles pensado como lugar de encuentro, un espacio para perros y un paseo adaptado para facilitar el acceso de las Personas con Movilidad Reducida (PMR). Todo ello ubicado en la cuña de tierra que se encuentra entre la calle Don Quijote de la Mancha y el CEIP Galicia, y que ha sido utilizada hasta ahora como escombrera y lugar de vertido de basuras. El importe de adjudicación de la obra fue de 348.000 euros y la empresa adjudicataria, Hermanos García Álamo S.L.

La discrepancia entre la entidad autonómica y el gobierno municipal en torno al parque estriba en que dicho Plan carece de "la necesaria ordenación pormenorizada del Sistema General, que debe ser establecida en un Plan Especial que aún no se ha redactado", aclara la nota de prensa.

A lo que el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, alega que si este Plan Especial no se ha realizado es porque no es necesario, ya que "se puede actuar con planes parciales" y además, el Cabildo ha dado "el visto bueno" a la actuación.

Tanto el portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, como Javier Doreste, atribuyen el desencuentro a la discrepancia existente entre los técnicos de ambos organismos.

"Siendo un asunto de calado político, sin duda, como todo lo que hace el Gobierno, en este caso se trata de un acuerdo fundamentalmente técnico", explicó ayer el portavoz. La realidad es que existen "opiniones técnicas distintas acerca del ajuste a la legalidad" del proyecto. La polémica en torno al impacto paisajístico de este parque se viene dilatando desde el año pasado sin lograr un entendimiento entre las partes. Por esta razón, explica Pérez, los servicios jurídicos "recomiendan que se interponga un procedimiento judicial". El próximo capítulo se resolverá en los tribunales.

Doreste está convencido de que el asunto se solucionará de un modo u otro y "los técnicos tendrán que ponerse de acuerdo". Concretamente, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que dirige actualmente Ana Batista García, es el órgano que solicitó la revisión de oficio del expediente en 2019 debido a irregularidades en la actuación.

El 13 de enero de 2020 el Ayuntamiento capitalino resolvió desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Agencia y hacer oídos sordos a la planteada suspensión. "No se ha recibido orden de paralización" por lo que las obras han seguido adelante, explica Doreste. Y añade que la denuncia interpuesta por un grupo de vecinos ante el Seprona el pasado año "no fue tomada en cuenta" por el organismo forestal de la Guardia Civil.

Según el concejal, el espacio de 4.100 metros cuadrados que comprendería el parque no se encuentran localizados en zona protegida, por lo que no habría razón para desarrollar el mencionado Plan Especial. Afirma, además, que el Ayuntamiento cuenta con el permiso de los militares, a quienes "se mandó una nota" en su momento.

Ahora, será la instancia contencioso administrativa la que dirima las discrepancias entre ambos ejecutivos.