El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que este lunes debía haber valorado la solicitud de la filial española del grupo alemán Fairplay para obtener una licencia para operar buques remolcadores en sus recintos, no pudo tratar finalmente el tema. La Abogacía del Estado en Puertos del Estado remitió a los Puertos de Las Palmas un correo electrónico en la misma mañana de este lunes, poco antes de que comenzara la reunión, en el que pedía dejar sobre la mesa la tramitación de la autorización a la espera de tener un análisis en profundidad de un escrito de alegaciones que había presentado la Asociación nacional de remolcadores de España (Anare) el pasado jueves, poco después de que tuviera lugar la convocatoria del consejo.

En su reclamación, Anare alegaba un defecto de forma que de confirmarse "podría conllevar la nulidad de todo el expediente", según indicó en la rueda de prensa posterior al consejo el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra. La patronal de los remolcadores planteaba que debe ser considerada como parte interesada en el procedimiento de otorgamiento de la licencia y que en ese contexto no fue informada durante el trámite de audiencia, lo que "puede conllevar que cualquier acuerdo que se adopte sea nulo de pleno derecho", según detalló Ibarra.

Tanto la Abogacía del Estado en Las Palmas como el departamento de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria entendían hasta este momento que los argumentos esgrimidos por Anare en sus alegaciones no resultaban suficientes "como para paralizar el expediente", aunque ante la interpretación dispar realizada ahora por Puertos del Estado "se ha dejado sobre la mesa", de acuerdo con el presidente de los Puertos de Las Palmas.

Reunión el viernes

En cualquier caso, Ibarra espera que el aplazamiento sea por un plazo de tiempo muy breve. Tras el consejo, anunció inmediatamente la convocatoria inminente de otra reunión del consejo, en principio este mismo viernes, con la resolución del otorgamiento de licencia que este lunes no se pudo tratar como único punto en el orden del día.

La explicación a la premura con la que los Puertos de Las Palmas quieren volver a tratar este expediente radica en las posibles reclamaciones que tanto la empresa Odiel Towage -subsidiaria de Fairplay que ha solicitado la licencia- como otras partes pueden presentar en función del sentido que tenga la resolución final. "Todos sabemos que va a haber reclamaciones por unos o por otros, hay que tomar una decisión urgentemente", arguyó el presidente de los Puertos de Las Palmas, que rehusó cuantificar a cuánto puede ascender la cantidad que podría ser reclamada a la administración. "Más rápido no hemos podido correr, descarto cualquier tipo de responsabilidad si se convoca un consejo urgentemente esta semana", insistió.

Ibarra confía en que la Abogacía del Estado en Puertos del Estado mantenga el criterio que hasta ahora han defendido tanto la de Las Palmas como la asesoría jurídica de la Autoridad Portuaria y que evacúe su informe de manera inmediata. "No podemos dilatar el proceso más allá de donde estamos", alegó. A su juicio, el consejo previsto para el viernes solo se podría cancelar si desde Madrid se solicita realizar un análisis pormenorizado de la situación que incluya una revisión exhaustiva de todo el expediente, "pero eso tiene que venir meridianamente claro", advirtió.

Tres licencias en menos de dos años

  • La solicitud que este lunes debía haber analizado el consejo -y que supondría por primera vez la entrada de una empresa a competir en remolque- es la tercera que presenta Odiel Towage ante la Autoridad Portuaria en menos de dos años. La primera petición fue rechazada por la institución porque los buques no tenían bandera española, un requisito recogido en la legislación para las unidades que prestan servicios portuarios. Ibarra aseguró ayer que Puertos del Estado indicó la pasada primavera que cabía la posibilidad de tramitar una aprobación condicionada a la modificación de las banderas y que esa fue la licencia que ya estaba firmada por el director de la Autoridad Portuaria cuando él se incorporó el pasado verano. Odiel presentó la documentación en diciembre, aunque "había una serie de defectos" que la Autoridad Portuaria no analizó hasta después de navidades. Tanto la competencia de Fairplay como Anare alegaron que no podía ser otorgada la licencia porque se había subsanado fuera de plazo, extremo que corroboró también la asesoría jurídica de la institución. De hecho, el consejo de ayer sí trató la segunda renuncia de Odiel Towage.