Una nueva sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adminstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ratificada el pasado mes de enero por el Supremo, obliga al Ayuntamiento a pagar 1,6 millones de euros a la concesionaria de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria, para compensar lo que esta debería haber percibido en 2013 por la extinta tasa de mantenimiento de los camposantos. El contencioso que mantiene la concesionaria Compañía Canaria de Cementerios S. A. (Canaricem) con el consistorio, desde que este suspendiera en 2007 la tasa de cementerios antes de anularla en la ordenanza, durante el mandato de Jerónimo Saavedra, volvió a generar debate durante el pleno extraordinario y urgente que se celebró ayer para aprobar de manera definitiva el presupuesto de la ciudad, que entrará en vigor con más de dos meses de retraso. El presupuesto de 2020 contempla un gasto consolidado -Ayuntamiento y resto de organismos y sociedades municipales- de 468 millones y unos ingresos de 487 millones de euros.

El gobierno tripartito ha rechazado una alegación presentada por Canaricem a la aprobación inicial de los presupuestos, en la que la empresa reclamaba que se incluyera en el texto una partida con los 1,6 millones -a la anualidad de 1.398. 087,74 hay que añadir 214.277,27 euros en intereses de demora- de la tasa de 2013. El gobierno municipal se ampara para rechazar la alegación en un informe realizado por el área de Salud Pública, en el que se asegura que ya "existe crédito suficiente para el abono de las obligaciones exigibles a la entidad con cargo" a las correspondientes "aplicaciones presupuestarias".

El Ayuntamiento ha pagado a Canaricem hasta la fecha más de 10 millones de euros por los ejercicios económicos que van desde 2006 a 2012, correspondiente a la tasa que el concesionario ha ido reclamando y ganando en los tribunales. El último pleito que ha ganado, aunque con el voto particular en contra de una magistrada, corresponde a 2013 y la empresa ha recurrido también el impago desde 2014 hasta la fecha. El Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento, contra la última sentencia del TSJC, por la falta de fundamentación del mismo.

El viceportavoz del Partido Popular (PP), Ángel Sabroso, criticó la "incapacidad" del gobierno municipal para "resolver el asun to" con el concesionario y el dinero que le cuesta la ciudad. Con la de Canaricem son cinco las reclamaciones al presupuesto que han sido rechazadas. En total se presentaron seis alegaciones, de las cuales dos no se admitieron por extemporáneas. Sólo se ha aceptado la reclamación de una comunidad de La Isleta, que pedía que se refleje en el presupuesto el pago de 2,5 millones, en cumplimiento de una sentencia de finales del siglo pasado por compensación de terrenos.

También se rechazó una alegación de una asociación vecinal de CasaBlanca 1 para que el Ayuntamiento asfalte una calle. Los presupuestos fueron aprobados con el rechazo de la oposición, cuyos grupos criticaron que tenían que haber estado listos el 1 de enero . Dicho retraso contrasta, a juicio del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (CC-UxGC), con la urgencia del pleno extraordinario de ayer. Se quejaron una vez más de la insuficiencia de tiempo -la sesión fue convocada el lunes por la tarde- para estudiar el expediente.

Por CC-UxGC, David Suárez, volvió a criticar la contradicción entre la supuesta vocación sostenible del tripartito y la falta de reflejo de partidas para defender el medio ambiente en el presupuesto y denunció el problema del asfaltado que sufre la ciudad por un contrato que sigue en precario. "Siguen empecinados en gobernar de espaldas a los ciudadanos y a los que presentan las alegaciones", sostuvo. Beatriz Correas, de Cs, amenazó con llevar a la Fiscalía las partidas previstas para reposición, renovación y sustitución de infraestructuras de Emalsa, algo que le corresponde a la compañía. Correas hizo esta solicitud en una alegación al presupuesto, que fue rechazada por extemporánea, y advirtió que el Ayuntamiento puede incurrir en prevaricación. La concejala de Hacienda, Encarna Galván, la invitó a ir al juez, si así lo estima.