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Los técnicos claman contra el acoso por las guerras entre empresas en La Luz

Más de una treintena de trabajadores firman un escrito en defensa de su profesionalidad

Vehículos estacionados frente a la sede de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Vehículos estacionados frente a la sede de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. ANDRÉS CRUZ

Los trabajadores públicos que ocupan puestos de carácter técnico en la Autoridad Portuaria de Las Palmas aseguran que se ven sometidos a una "inadmisible presión" en su quehacer diario por parte de algunos de los operadores privados del recinto capitalino. Sin mencionar nombres concretos de empresas, denuncian ataques personales por parte de algunas de estas compañías "con el explícito objetivo de amedrentarlos", de acuerdo con un escrito firmado por 31 miembros del equipo directivo y jefes de departamento, división y unidad al que ha tenido acceso este periódico.

El documento, que circuló por primera vez en septiembre y que lleva por título 'Apoyo y defensa de la profesionalidad y objetividad de los empleados públicos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas', ha vuelto a circular por la sede de la Autoridad Portuaria de Las Palmas durante los últimos días. En estos momentos, la institución trata uno de los expedientes más complejos a los que ha hecho frente en fechas recientes, el de una licencia de remolcadores que ha provocado disputas entre compañías, broncas en el seno de asociaciones empresariales, recursos contrapuestos, tensos debates en el consejo de administración de la institución -el último tuvo lugar hace tan solo dos días- y artículos en prensa en los que algunos de esos trabajadores aparecen mencionados como responsables de las decisiones sobre la tramitación de esa solicitud.

"Es preciso separar el trabajo técnico de los empleados públicos de las facultades de decisión de los órganos superiores", inciden los trabajadores, que en su escrito argumentan que "no tienen la libertad de elegir si aplican o no la norma, ni siquiera si la aplican de forma estricta o 'flexible". Recuerdan, de hecho, que las resoluciones finales "solo competen a los órganos de gobierno, es decir, al presidente y la Autoridad Portuaria", y que estos "pueden y deben ejercer legítimamente sus competencias y facultades públicas de forma discrecional", es decir, "en el sentido que estimen conveniente".

Los funcionarios del Puerto que suscriben el escrito afirman que los ataques personales de los que dicen ser objeto se materializan de tres modos diferentes. En primer lugar, con la interposición de "querellas personales" contra el personal técnico que, según aducen, "han sido sobreseídas de manera contundente" por los tribunales. También con "la descalificación pública del trabajo" de los empleados señalados, hecho que de acuerdo con el escrito ocurre a través de notas de prensa carentes de "la menor argumentación o justificación" .

Además de estos dos métodos, los denunciantes aseguran que los ataques también incluyen "técnicas de presión propagandística y amedrentamiento a través de las redes sociales" análogas al ciberacoso. Mencionan, en concreto, ataques personales en internet, divulgación de información confidencial o falsa y amenazas y coacciones que tendrían lugar, entre otros medios, "a través de cuentas corporativas en las redes sociales".

Los trabajadores que firman el escrito describen este modo de actuar como "injusto, cobarde, perverso y contrario al interés general". De ahí que recuerden que las empresas que consideren que han sido perjudicadas deben "acudir a la vía de judicial contra el órgano de decisión correspondiente", en vez de "coaccionar y 'asustar" al equipo técnico "para forzarle a que se aparte del cumplimiento de la norma", critican.

El escrito, que fue entregado el pasado septiembre a quien ocupaba en aquellas fechas el puesto de director de la Autoridad Portuaria, Salvador Capella, y al recién designado presidente, Luis Ibarra, llegó por primera vez al consejo de administración de los Puertos de Las Palmas en una reunión celebrada a mediados de octubre en la que el directorio de la institución fue informado de su contenido. Las mismas ideas plasmadas en el documento de hace unos meses regresaron el pasado lunes a la reunión del consejo en la que debía haberse tratado la tramitación de esa licencia de remolque, de acuerdo con fuentes presentes en la reunión.

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