El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, mostró ayer su respaldo a los técnicos de la institución tras el escrito en el que estos trabajadores públicos defienden su profesionalidad y objetividad a la vez que arrojan luz acerca de una serie de ataques que han recibido en los últimos tiempos y que tienen origen, según señalan, en algunos operadores portuarios. "El funcionario que está haciendo su trabajo siempre lo hace para que salga conforme a derecho", indicó al respecto Ibarra, que antes de incorporarse a la actividad política desarrollaba su actividad profesional como empleado público adscrito a la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Ibarra reconoció que el de La Luz es un recinto complicado; "uno de los más complejos que puede haber en el entorno portuario", en sus propias palabras. Esto, según justificó, se debe en parte a la limitación del suelo disponible, pero sobre todo al carácter insular del Puerto: "Todo entra por el puerto, es un espacio limitado y todos los empresarios intentan tener siempre las mejores construcciones, los mejores espacios". Aun así, el presidente de los Puertos de Las Palmas mostró su desazón por los hechos que describen los técnicos en su escrito. "Cuando uno lee con nombres y apellidos determinadas cosas le hace daño", lamentó.
La responsabilidad de elevar un tema a un consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas no radica en sus técnicos, sino en el director y el presidente de la institución, según recalcó Ibarra. Este mismo principio, que se extiende en realidad a cualquier administración pública, ya traslucía en el escrito de los trabajadores públicos. En él, una treintena de miembros del equipo directivo y jefes de departamentos, divisiones y unidades aseguran que algunos operadores portuarios les han dirigido ataques personales como forma de amedrentamiento para "forzar el ejercicio de sus funciones técnicas administrativas en favor de sus intereses particulares".
Interés general
El presidente de los Puertos de Las Palmas consideró que las acusaciones vertidas hacia los técnicos "son difíciles de demostrar" e insistió en que todas estas situaciones contra los trabajadores públicos resultan en última instancia contrarias al interés general de la comunidad portuaria. "Lo digo expresamente: todo este cúmulo, toda esta generación de malas sensaciones no conduce a nada", lamentó.
Ibarra, que en sus declaraciones no valoró expedientes o casos concretos, sí subrayó su defensa de las decisiones adoptadas por la Autoridad Portuaria, incluso durante el tiempo en el que él no estuvo al frente. "Cuando uno llega y se encuentra situaciones generadas puede no compartir el camino, pero esto no significa que no sea ilegal, sino todo lo contrario", incidió.
Los temas son incluidos como puntos del orden del día del consejo cuando se "entiende que es conforme a derecho, sobre todo si ya te lo avalan los servicios jurídicos de la casa y la Abogacía del Estado", ya que la involucración de este órgano en los casos complicados por enfrentamientos entre empresas otorga más robustez a decisiones que después acaban en muchas ocasiones recurridas ante los tribunales por los departamentos jurídicos de las compañías que no salen beneficiadas por las resoluciones, algo que acaba causando parálisis en el Puerto, donde según recordó se ha dado el caso de concesiones que habían caducado pero que no podían ser ocupadas por otras empresas porque existían medidas cautelares sobre ellas.
