Cinco de la tarde. Un equipo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria despliega un dispositivo de control en la avenida de Ansite, en el barrio de La Minilla. Minutos más tarde para el primer vehículo, en su interior van dos ocupantes sentados en la misma fila, algo que no está permitido por el Real Decreto ley 8/2020 que regula el estado de alarma. "Ella tiene alzhéimer", apunta el conductor interrogado, por lo que al llevar a una persona dependiente está exento de recibir una sanción. Sin embargo, son muchos los ciudadanos que intentan saltarse al volante las restricciones impuestas por el Gobierno central. "Más del 80% de la población cumple con el confinamiento, pero siempre quedan casos en los que utilizan la picaresca para salir de casa sin justificación alguna", señala José Miguel González, oficial del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA).
La Policía Local de la capital grancanaria ha tramitado en la primera semana de confinamiento sanciones a 538 personas. Cada día, esta cifra sigue creciendo al ritmo de más de medio centenar por jornada, recalca el propio González. Solo el grupo del GOIA abrió diligencias a 50 ciudadanos el pasado lunes; a esta cantidad habría que sumarle los controles que realiza el departamento de tráfico del mismo cuerpo y los de la Policía Nacional en las vías de la ciudad.
Segundo coche que llega al control de la avenida de Ansite. Tras interrogar el agente al conductor los motivos que le han llevado a salir a la calle, este procede a solicitarle el DNI y el tique de la tienda. "¿No ha ido a comprar un poco lejos de su vivienda?", pregunta. Finalmente, le deja marchar, no sin antes recordarle que en el tiempo que dure el estado de alarma debe procurar buscar el supermercado más cercano a su casa.
"Buena parte de las infracciones están relacionadas con gente que va al supermercado lejos de su vivienda", señala González. Los agentes se han encontrado en los últimos días con explicaciones de lo más variopintas. En tiempos de coronavirus, hay quien, residiendo en otros municipios, se desplaza hasta el mercado de Vegueta para comprar fruta y verdura o para ir a la carnicería. Existen otros intrépidos amantes de la picaresca que, aunque viven en la ciudad, deciden cruzarla y así airearse. Cualquier excusa para huir del confinamiento en casa puede ser buena idea, piensan algunos.
Al final estas son las excepciones. Pasan decenas de vehículos por el control en menos de una hora y ninguno es sancionado. La mayoría son vecinos de La Minilla o Escaleritas que han salido de trabajar, pues el reloj marca más allá de las cinco de la tarde, o vienen de supermercados de la zona, según atestiguaron los GOIA, unidad dedicada estos días en exclusiva a supervisar el cumplimiento del estado de alarma.
Cambio de sitio. "Ayer a esta hora llevábamos unas diez, hoy nada, la cosa está tranquila", señala González. Los agentes, distribuidos en parejas, van hasta Bravo Murillo, a la altura del parque San Telmo, una de los accesos más concurridas de la capital, incluso en estos días en los que el tráfico se ha desplomado. Bingo. El conductor de uno de los primeros vehículos en ser interceptado alega haber ido a la farmacia; al mirar su DNI, el agente descubre que no reside a pocas calles, precisamente. "Hemos comprobado la dirección y resulta que vive en Ciudad Alta y ha venido a comprar a la zona de Triana, cuando le hemos preguntado el motivo no ha sabido responder", apunta el oficial.
Todas las diligencias que redacta la Policía Local son dirigidas a la Delegación del Gobierno como propuesta para sanción de tipo económico por saltarse las restricciones del estado de alarma. Unas multas que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros. En este caso, en apenas tres cuartos de hora en Bravo Murillo, los agentes recogieron prácticamente una decena de partes.
Entre las excusas hay de todo. "Uno señaló que llevaba la ropa planchada de su hijo menor, el cual vivía con su madre, quien tenía la custodia", apunta González. Las explicaciones que no pasan el filtro de la policía pueden llegar a ser casi surrealistas. Siguiente. El agente intercepta un vehículo con dos ocupantes, un hecho que hasta el miércoles no estaba permitido salvo casos excepcionales. El conductor señala que trabaja junto a su madre, en el asiento trasero, y que vuelven a casa. "Aquí solo sale su nombre, ¿cómo es que no le han dado otro?", pregunta el agente al joven tras leer la justificación de la empresa. "Es algo extraño", reitera. Finalmente, son propuestos para una infracción "al no poder dar una explicación creíble".
Entre tanto, los agentes paran a un chico que asegura ser reparador de ascensores. "¿Cuándo terminó de trabajar? Aquí no se refleja el horario", apunta tajante el policía; mientras, el conductor responde que acude a los edificios según la demanda, por lo que le dejan proseguir su camino a casa. Los justificantes de empresa no son obligatorios, pero los cuerpos de seguridad afirman que lo mejor es que estos vayan lo más detallados posible. También recomiendan llevar un documento que acredite una nueva dirección, si la actual no figura en el DNI. Todo con el objetivo de evitar ser confundidos con un caso de picaresca al volante.
