Las nuevas normas por las que ha de regirse el servicio portuario de remolque han provocado un pulso entre los dos grupos empresariales que lo prestan en el Puerto de La Luz, Boluda y Fairplay. El comité de servicios portuarios dio esta semana el visto bueno al borrador del pliego, que ahora ha de ser remitido a Puertos del Estado y a la Dirección General de la Marina Mercante para su análisis antes de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Tras la ratificación y la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nuevo pliego comenzará un periodo de cadencia de tres meses antes de su entrada en vigor y a partir de entonces las empresas dispondrán de un plazo de un mes para adaptarse a la nueva normativa si quieren continuar prestando el servicio no ya solo en Gran Canaria, como ocurre hasta ahora, sino en las tres islas.
Durante los últimos días, a raíz de esa convocatoria y de los plazos de adaptación estipulados en el texto, Odiel Towage -filial de la alemana Fairplay que recientemente obtuvo licencia para operar en Gran Canaria- ha enviado una carta a distintas instancias españolas y europeas en la que asegura que a lo largo del procedimiento se han sucedido hechos que a su juicio atentan contra la libre competencia, vulneran los derechos constitucionales e "incluso podrían ser constitutivos de ilícito penal". Boluda ha respondido remitiendo su propia misiva a los mismos destinatarios, en la que rechaza los extremos argumentados por Fairplay. El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, asegura por su parte que hay "una guerra de empresas" ante la que la institución "siempre va a defender el interés general por encima de los que tenga cada compañía".
Fairplay se dirige en su misiva a 16 instancias españolas, alemanas y europeas, entre las que se encuentran los ministerios de Asuntos Económicos y de Asuntos Exteriores, la Abogacía General del Estado, la Dirección de Competencia de la Comisión Europea o Germany Trade and Invest, la agencia de comercio exterior de Alemania. A lo largo de nueve páginas, la compañía considera que los plazos de adaptación a la nueva normativa supondrían la expulsión de Odiel Towage de la prestación del servicio. Aduce, en concreto, que en anteriores versiones del borrador se estipulaba un periodo de transición de doce meses para que los prestatarios del servicio, tiempo que según añade la compañía se vio reducido a un mes a raíz de una indicación realizada por Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria a través de un correo electrónico fechado el pasado 12 de marzo. "Esto es un atentado contra la competencia que, por primera vez, había surgido en el servicio de remolque en Las Palmas", asegura.
La reducción del plazo, que de acuerdo con el correo electrónico de Puertos del Estado que Fairplay adjunta en su carta se debió a un error detectado en una versión anterior del borrador, infringe a juicio de la empresa de origen alemán "los más básicos principios del derecho de competencia, administrativo y portuario". Añade, además, que con la nueva redacción del pliego "el mensaje que se transmite es que en España el servicio de remolque es un monopolio, como puso de manifiesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia".
Luis Ibarra señala al respecto que cuando Fairplay recibió la licencia se le advirtió de "que se están tramitando unos pliegos" e incide, en cualquier caso, en el hecho de que desde que en septiembre de 2019 regresó a la presidencia, tras un año y medio en el que Juan José Cardona estuvo al frente de los Puertos de Las Palmas, hizo público en reiteradas ocasiones su compromiso de aprobar nuevos pliegos para los servicios portuarios en un plazo máximo de un año. "Hay que preguntar a los responsables técnicos y al anterior presidente por qué no se sabía que podía haber un problema en Lanzarote y Fuerteventura", añade.
Esa es, precisamente, una de las principales novedades del nuevo pliego. El vigente en la actualidad, que data de finales del siglo pasado, solo estipula la obligación de operar en Gran Canaria, mientras que ahora las operadoras deberán tener presencia en las tres islas de la provincia. En la actualidad, Fairplay presta sus servicios exclusivamente en Gran Canaria, mientras Boluda lo hace también en los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario. A este respecto, la compañía de origen valenciano considera en su carta de respuesta a la misiva de Fairplay, dirigida también a los mismos destinatarios, que esta situación "sí que es una verdadera distorsión de la competencia" y anuncia que dejará de prestar este servicio, que describe como voluntario.
Fairplay considera que el principal escollo de los plazos de adaptación se encuentra en el tiempo que necesita para que sus barcos puedan navegar bajo bandera española. Esta medida, que desde su punto de vista es contraria a la normativa europea pero aun así asumió para los remolcadores de su propiedad que operan en Gran Canaria desde hace escasas semanas, fue recalcada en febrero del año pasado por el Ministerio de Fomento para "garantizar el pleno cumplimiento de las condiciones laborales y sociales" a raíz de la entrada en vigor del reglamento europeo que establece un marco común para la prestación de este tipo de servicios.
Ibarra recalca que incluso manejando un calendario optimista, la obligación de operar en las tres Islas con remolcadores de bandera española no entraría en vigor hasta el final del verano. El objetivo del Puerto es poder aprobar los pliegos este abril o en mayo, tras lo que arrancará el periodo de transición de tres meses y después, con el nuevo texto ya en vigor, comenzará a contar el plazo de un mes que tienen los operadores para adaptarse a la norma. "Nadie va a retirarles una licencia si al final tienen los remolcadores en Las Palmas y solo están pendientes de un trámite menor, eso es obvio", concluye.
