Este domingo, 5 de abril, ya han conseguido 3.146 firmas de las 5.000 que solicitan para presionar y obligar a dar marcha atrás al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a Eulen S.A. , la empresa que gestiona la Escuela Municipal de Educación Musical (EMEM). El objetivo es que no lleven a cabo el despido, que no ERTE, de los 56 trabajadores que formaban parte de la plantilla del centro.

Según asegura en un comunicado el comité de empresa de la Escuela, Eulen S.A. les ha notificado su despido a pesar de que seguían manteniendo formación por internet con sus alumnos, siguiendo las recomendaciones del Real Decreto de estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

En la petición, el profesorado explica que la decisión de despedir al personal docente y no docente "ha dejado a unas 1600 familias sin la posibilidad de entrar a sus hogares a través de clases online contribuyendo de gran ayuda y estímulo para soportar mejor el confinamiento que toda la ciudadanía está viviendo".

Una medida que en estos momentos precisamente "es cuando los mal interpretados servicios no esenciales, pasan a ser más esenciales que nunca por su capacidad de activar anímicamente a través de la música a muchas personas".

Ante la imposibilidad de poder realizar un ERTE, la empresa gestora de este servicio municipal ha decidido "de manera irracional y sin comunicación clara y transparente", indica el comité, realizar despidos sobre los 36 laborales fijos discontinuos, argumentando finalización del servicio.

Esta decisión ha sido tomada "haciendo creer previamente que había un ERTE" y sobre la plantilla de 56 trabajadores, de los cuales 9 son personal de portería, limpieza y administración y 47 docentes, además de 11 restantes con distintas funciones en la escuela con contratos eventuales de obra y servicio e indefinidos, que "aún no se conoce en qué situación quedarían".

La decisión de dejar sin trabajo al personal docente y no docente "ha dejado a unas 1.600 familias sin la posibilidad de entrar a sus hogares a través de clases por internet", ha denunciado el comité, que considera que esta formación es un recurso de "gran ayuda y estímulo para soportar mejor el confinamiento".

Esta decisión de la empresa, secundada por el Ayuntamiento, ha sido vista por el profesorado como "una resolución injusta e ilegal" y por ese motivo "estudian emprender las acciones que sean necesarias para la defensa de sus derechos".

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