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La secretaria general del pleno bloquea la regulación del alquiler vacacional

Un demoledor informe de la alta funcionaria sostiene que hay irregularidades formales porque faltan informes de otras administraciones y contraviene el reglamento regional

Vivienda vacacional en el barrio de Vegueta.

Vivienda vacacional en el barrio de Vegueta. JOSÉ CARLOS GUERRA

Un demoledor informe de la secretaria general del pleno, Ana María Echeandía, obligó ayer a dejar sobre la mesa el dictamen para la aprobación definitiva de la modificación de las normas de ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación (PGO) de Las Palmas de Gran Canaria, entre las cuales figura la inclusión del alquiler vacacional como actividad turística. La regulación de esta actividad como turística extrahotelera, que fue aprobada inicialmente en octubre de 2018, obliga a los pisos turísticos a tener una entrada independiente en los edificios residenciales y situarlos por debajo de las viviendas residenciales lo que, en la práctica, supone la desaparición del 95% de las explotaciones que hay actualmente, según el sector. El documento ha recibido 377 alegaciones, el 86,2% de las cuales tienen que ver con los pisos turísticos y han sido rechazadas.

Aunque estaba previsto que la nueva normativa se dictaminara en la comisión de pleno de Desarrollo Sostenible de ayer para su aprobación definitiva en el pleno ordinario de este mes, la secretaria general impidió que se tratara el asunto al argumentar que la documentación solicitada no le había llegado en tiempo y forma. Entre las irregularidades que la llevaron a dictar un informe desfavorable, figuran la omisión de documentos como el informe ambiental estratégico emitido por la Comisión Municipal de Evaluación de Planes de 2019 y el dictamen que ampara la propia modificación.

La secretaria da cuenta de al menos ocho informes desfavorables emitidos por parte de diferentes administraciones, entre ellas el ministerio de Defensa, la Dirección General de Costas, Aviación Civil y el Cabildo de Gran Canaria en relación con modificaciones de la normativa urbanística, que no tienen nada que ver con el alquiler vacacional sino con otras normas.

También advierte, en relación con la contestación a las alegaciones presentadas contra la regulación de la vivienda vacacional, que las mismas "no son ajustadas a derecho" porque "las condiciones de posición y acceso independiente respecto al uso residencial contravienen" el Reglamento de Vivienda Vacacional de la Comunidad Autónoma de Canarias, puesto que lo hace inaplicable". A juicio de Echeandía, se incurre en una "nulidad de pleno derecho por vulnerar disposición de rango superior".

Por todo ello, en las conclusiones del informe se advierte que deben subsanarse las "omisiones documentales", exige que se adjunte al expediente la segunda evaluación ambiental que hizo el Ayuntamiento en 2019, tras advertir Política Territorial que era preceptivo repetirla porque el primer informe favorable que realizó la Cotmac en 2017 no pudo analizar los cambios en el documento que introdujo el Ayuntamiento en 2018. La secretaria general solicita, al respecto, un informe técnico que aclare si se han producido cambios sustanciales, porque en ese caso sería necesario sacar otra vez a información pública la modificación.

Los reparos de Echeandía han sido rechazados por el edil de Urbanismo, Javier Doreste, quien expresó su confianza en que la modificación se pueda dictaminar el próximo viernes. Según sus palabras, todos los documentos que según Echeandía se han omitido "figuran" en el expediente, al tiempo que añadió que la modificación cuenta con el informe favorable de la Asesoría Jurídica. "Todos los informes desfavorables fueron contestados y se incluyen en el expediente". Añadió que los informes desfavorables emitidos, entre ellos el de Defensa, "hablan de regulaciones que ya estaban en el Plan General y no tienen nada que ver con esta modificación o se han corregido y así se les hizo saber en su momento, pero las administraciones no contestaron". En cuanto a la supuesta nulidad de la normativa de la vivienda vacacional, sostuvo que la regulación urbanística de los pisos turísticos es competencia municipal. "Nosotros no estamos prohibiendo el alquiler vacacional, lo que hemos hecho es cumplir la ley incluyéndolo dentro de las actividades de uso turístico, como hacía ese decreto. Los usos turísticos no los hemos cambiado y la normativa sobre uso turístico y extrahotelero tampoco. La única modificación que hemos hecho es incluir la vivienda vacacional como uso turístico extrahotelero".

Según Doreste, el Plan General de 2012 ya establece las entradas independientes y la separación de las actividades comerciales. "Lo único que hemos hecho es incluir la vivienda vacacional como uso turístico. Es lo único que podemos hacer hasta que el Gobierno autonómico y el de España nos den los instrumentos para regular la vivienda vacacional. No hay invasión de competencias".

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