Sin partido, pero con acta. La marcha, a finales de mayo pasado, de las concejalas Carmen Guerra y Beatriz Correa del Partido Popular y Ciudadanos, respectivamente, ha abierto una situación inédita en la corporación desde 1992, cuando cinco concejales del PP y uno de ICAN se fueron de sus partidos y desembarcaron en el grupo Mixto. En este caso, Guerra y Correas justifican su marcha por las desavenencias en el seno de sus respectivos partidos, pero se han quedado el acta, una decisión que se interpreta por parte de sus antiguos compañeros como un puro interés por cobrar las dietas de las comisiones y los plenos. Tanto el PP como Cs se han apresurado a reclamar el acta. Sin embargo, Guerra y Correas resaltan que el único interés que les mueve, al mantener su condición de concejalas, es cumplir su "compromiso" con los vecinos. Correas presentará su primera moción como no adscrita en el pleno de este viernes.
En ambos casos han sido las desavenencias con miembros de sus partidos las que les ha llevado a abandonar el barco con el que llegaron a la Corporación. Los desencuentros más profundos, por ejemplo, de Carmen Guerra con la portavoz del grupo Popular, Pepa Luzardo, se remontan, que se sepa, al mandato en el que esta última gobernó como alcaldesa, cuando le quitó las áreas de Vivienda y Servicios Sociales y la dejó como concejala rasa. Guerra no dijo nada entonces y se marchó a su escaño del Senado que había compartido unos meses con su cargo de edila.
El segundo gran encontronazo conocido tuvo lugar hace casi un año, días después de la constitución de la actual Corporación. "Esto no ha sido un calentón de un día", sostiene la edila. Desde el grupo se dijo que Carmen Guerra amenazó con irse a los no adscritos si no le daban uno de los tres sueldos a los que tenían derecho los populares. Al final firmó pero perdió finalmente su sueldo y se despachó denunciando ser víctima de una campaña en su contra. Guerra manifiesta ahora que lo que ocurrió en realidad fue muy diferente. Según su versión, fue su nombre el que se eliminó del listado de concejales del grupo. "Está claro que a mí no me quieren en el grupo y que me han utilizado desde el minuto uno", se queja, mientras recuerda que Luzardo la relegó del número tres -que le dio la anterior candidata María Salud Gil- al número cinco de la lista electoral. "A mí no me mueve el dinero sino el compromiso con los vecinos", resalta, mientras cuenta que en el último año sólo podía asistir a una comisión mensual, otra bimensual y la de Honores y Distinciones, que tiene lugar dos o tres veces al año. Ahora podrá asistir a todas y cobrar por un máximo de siete, lo que junto a los plenos, le permitirá cobrar unos 14.300 euros brutos al año. "Pero yo cobro ese dinero si asisto y trabajo. Hay otros liberados que cobran sin aparecer en todo el año", denuncia.
Beatriz Correas, por su parte, reconoce que el comportamiento de su partido en relación con el encontronazo con su excompañero de grupo, el concejal José Guerra, ha sido sólo la "gota que colmó el vaso", porque ya existían problemas por la "derechización" de la formación. "Un concejal", resalta, "tiene que estar en los barrios. Ellos no lo ven así y lo que buscan es moverse donde tienen el voto y a mí el voto no es lo que me preocupa sino sacar adelante esta ciudad, resolviendo los problemas como concejales de oposición. Y el remate fue la agresión verbal que sufrí por parte de José Guerra" y la negativa de partido a expulsarlo por ello, pese a haberle dado la razón a Correas.
El enfrentamiento tuvo lugar hace casi un año en las escaleras de la sexta a la quinta planta del Ayuntamiento. Supuestamente, Guerra le dijo: "Vete a tomar por culo", "tócame la polla" y "tú a mí no me dices lo que tengo que hacer", entre otros insultos. "Esto se podía haber arreglado, podía haber pedido disculpas y haber aceptado un mediador y yo lo hubiera aceptado, pero no sólo no pide disculpas , sino que me miente y me difama. Me tacha de mafiosa, extorsionadora , chantajista y desequilibrada", señala Correas, que volvería a Cs si expulsaran a Guerra, porque "un partido que permite agresores verbales y que no cumple los estatutos no es mi partido". Ha sido ese incumplimiento de su código ético lo que la libera de su obligación de entregar el acta. "Mi único compromiso ahora es con los vecinos", sostiene.
