Los cinco acusados por el asesinato de Davide Fervorini se sientan a partir del lunes en el banquillo. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzga con un jurado popular los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2018, cuando según el escrito de acusación de la Fiscalía los encausados planearon y ejecutaron la muerte del ciudadano italiano que disponía de una importante cantidad de dinero procedente del traspaso de un club cannábico que regentaba en la capital.

Los hechos ocurrieron el mismo día en el que Fervorini había recibido 8.500 euros por el traspaso del club Ola Verde, ubicado en la calle Juan Rejón de Las Palmas de Gran Canaria. Una de las acusadas, Sophia Valinhas G. B. M., era amiga del fallecido y tuvo conocimiento de que ya estaba en posesión del dinero. De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, se lo comentó a otro de los acusados, Adonay Santiago G. C., con quien acordó perpetrar el robo. Para ejecutar el plan propusieron participar a otros tres acusados, Rubén P. S., Alejandro A. S. y Wilson Enrique Q. B.

Adonay envió ese mismo día un mensaje a Davide desde el teléfono de Sophia haciéndose pasar por ella -con su consentimiento, según la Fiscalía- para proponerle una cita íntima en un alpendre de la zona de Barranco Seco. Tras reunirse en una vivienda de Valleseco, los acusados se habrían desplazado hasta ese lugar y habrían permanecido escondidos con pasamontañas y guantes para que su víctima no los pudiera reconocer.

Cuando Davide llegó a Barranco Seco esperaba encontrarse solo con su amiga, pero se vio atacado presuntamente por Rubén, Adonay, Alejandro y Wilson, que se abalanzaron sobre él y "con el ánimo de acabar con su vida" le practicaron una técnica de estrangulamiento conocida como mataleón. La víctima también recibió puñetazos, patadas y golpes contundentes con un bate de béisbol por todo el cuerpo hasta que, según el Ministerio Público, los acusados "cogieron una piedra de grandes dimensiones y se la arrojaron con contundencia sobre la cabeza al menos en dos ocasiones hasta que acabaron con su vida". Todos menos Sophia, que habría permanecido en el lugar "escuchando los golpes y puñetazos, sin hacer nada a sabiendas de la intención de los demás". Tras darle muerte, le quitaron las llaves de su casa, el móvil y 100 euros que portaba en efectivo

Todo eso habría ocurrido en torno a las 22.00 horas del 11 de septiembre de 2018. Casi cuatro horas más tarde, a la 01:52, los cinco se dirigieron a la casa de Davide en El Fondillo para tratar de hacerse con los 8.500 euros del traspaso. De acuerdo con la Fiscalía, Adonay y Sophia vigilaban la vivienda mientras Rubén, Alejandro y Wilson buscaban en su interior. No encontraron el dinero, pero se llevaron varias plantas de marihuana, un monitor de televisión, una barra de sonido y un reloj Casio G-Schock que fue encontrado días después en un coche alquilado por uno de ellos.

La víctima, que tenía 43 años, fue hallada cinco días después de su asesinato. Sus restos presentaban múltiples heridas y fracturas en la cabeza y el abdomen y de acuerdo con el análisis forense falleció por un shock traumático causado por un traumatismo craneal y torácico. Los acusados fueron detenidos unos días después y durante los registros en los domicilios de varios de ellos los agentes hallaron distintas sustancias estupefacientes, como hachís, MDMA, cocaína o heroína, cuyo valor conjunto habría superado en el mercado los 10.000 euros.

El Ministerio Público solicita para Sophia Valinhas G. B. M. una pena de 22 años, seis meses y un día de prisión por el delito de asesinato y otros tres años por el de robo. Para Rubén P .S. pide 25 años de prisión por el asesinato y cuatro por el de robo, mientras que para los otros tres solicita 25 por el asesinato y tres por el robo. Además, Rubén P. S. y Adonay Santiago G. C. se enfrentan a sendas acusaciones por delitos contra la salud pública para las que la Fiscalía propone penas de cinco años de prisión. La indemnización por responsabilidad civil que tendrán que entregar los cinco a los herederos de Fervorini en caso de ser condenados puede ascender a 120.924 euros. En el procedimiento también está encausado Layonel P. S. por otro delito contra la salud pública -los agentes hallaron en su domicilio dos kilos y medio de hachís- con una pena de cuatro años y seis meses, aunque no está acusado del asesinato.