El recurso ante la Justicia que anunció la semana pasada la Asociación de Consignatarios de Las Palmas (Asocelpa) contra el pliego que regula el remolque en los recintos dependientes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha reavivado la pugna empresarial en un momento en el que la administración ya avanza en la actualización de las normas que rigen el resto de servicios portuarios, como el practicaje o el amarre. La organización no ha ofrecido detalles sobre los argumentos que presentará, pero fuentes oficiales apuntan a la posible existencia de un defecto de forma como trasfondo de su reclamación.
La asociación asegura que no ha recibido en su totalidad el expediente administrativo que llevó a la aprobación del pliego y hace hincapié en que este tipo de actuaciones administrativas deben estar motivada para no incurrir en ese defecto de forma. Los servicios jurídicos que asesoran a la organización consideran, según agregan las mismas fuentes, que el documento que aprobó el Consejo de Administración en mayo puede contener limitaciones a la competencia, por lo que se reservan la estrategia "al objeto de salvaguardar los intereses de los asociados".
La interposición de un recurso contencioso-administrativo -que no incluirá la petición de medidas cautelares- fue fruto de una decisión muy discutida durante la asamblea de Asocelpa, que acabó decantándose por la vía judicial por un solo voto: 15 empresas asociadas se mostraron a favor y catorce en contra. Los otros cinco socios presentes se abstuvieron en una reunión de la que se ausentaron 11 miembros más. A pesar del ajustado resultado, la organización no considera que la división en dos del voto la semana pasada sea una señal de un cisma en la organización y lo atribuye al debate democrático en su seno y a la igualdad entre sus miembros.
La decisión de Asocelpa no ha sido bien recibida en la sede de la Autoridad Portuaria, con la que la organización empresarial comparte edificio en la explanada Tomás Quevedo del Puerto de La Luz. Su presidente, Luis Ibarra, ha hecho de la renovación de los pliegos de servicios portuarios una de las banderas del segundo periodo al frente de la institución y defiende tanto la necesidad de comenzar por el de remolque -el anterior fue aprobado a finales del siglo pasado- como la transparencia del proceso que culminó hace unas semanas, tras superar distintos trámites en Las Palmas de Gran Canaria y Madrid.
Ibarra cree que la organización se ha olvidado de Lanzarote y Fuerteventura y ha tomado la decisión de recurrir el pliego pensando solo en Gran Canaria, porque el antiguo protocolo no incluía las operaciones en las islas no capitalinas y el nuevo sí. Considera, asimismo, que el ajustado resultado de la votación "demuestra que se están moviendo por intereses empresariales particulares", y advierte de que la administración revisará el listado de empresas prestadoras del servicio comercial de consignación de buques para comprobar que cumplen con el requisito de actividad mínima anual necesario para poder mantener esa consideración.
Las operaciones de remolque solo generan beneficios en el Puerto de La Luz, que tiene un volumen de actividad muy superior al del resto de recintos de la Autoridad Portuaria y ahí radica, a juicio de Ibarra, la clave de las posturas enfrentadas entre los prestadores de los servicios y las empresas que los apoyan. Estas disputas se hicieron públicas a lo largo de los meses previos a la aprobación del pliego a través de cartas remitidas a distintas instancias estatales y europeas por una de las empresas de remolcadores, Fairplay, que fueron contestadas por la otra, Boluda.
El presidente de la Autoridad Portuaria insiste en que existía una premura para aprobar el pliego motivada por la necesidad de clarificar la situación en Lanzarote y Fuerteventura, que "incumplía la legalidad vigente". De mantenerse el pliego anterior, Boluda "podía abandonar el servicio", lo que supondría un aumento de costes en esas islas. "Esos puertos se quedarían sin utilidad, porque muchas mercancías vendrían a Gran Canaria y después irían como carga rodada a Fuerteventura y Lanzarote", alega. En ese contexto, la administración decidió considerar el expediente como un asunto urgente durante el estado de alarma y el procedimiento continuó en Madrid, donde Marina Mercante ratificó los medios técnicos requeridos para cada puerto.
Mientras espera la materialización del recurso de Asocelpa, la Autoridad Portuaria continúa adelante con los pliegos de los otros servicios portuarios. El de amarre llegará a la comunidad portuaria en un plazo de dos o tres semanas para que puedan analizar su contenido y presentar alegaciones, algo que ya ocurrió con el de practicaje, que de acuerdo con Ibarra podrá ser tratado por el comité de servicios portuarios en la primeras semanas de julio. El dedicado a la gestión de residuos procedentes de los buques comenzará su andadura administrativa después del verano.
