La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) prepara un recurso judicial contra la regulación del alquiler vacacional que prepara el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la modificación de las normas de ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación (PGO). La reforma asimila el alquiler vacacional a una actividad turística, lo que en la práctica, supone la desaparición de más del 90% de los pisos vacacionales, pues obliga a tener una entrada diferenciada en los edificios residenciales. Estaba previsto que se aprobara ayer la modificación, pero volvió a quedar por segunda vez sobre la mesa, tras pedir la Oposición la presencia de un técnico que les explicara el proyecto. La secretaria general del pleno, cuyo demoledor informe impidió su discusión la primera vez que fue a la comisión de pleno de Desarrollo Sostenible, recordó esta vez la obligación del gobierno municipal de aclarar todas las dudas de los partidos de la oposición en relación con los expedientes urbanísticos.
Por su parte, Javier Valentín, vicepresidente y abogado de Ascav, que ha presentado más de 320 alegaciones contra la modificación de las normas, anunció la intención de la asociación de llevar el asunto al juez en cuanto lo apruebe el pleno a finales de este mes, como está previsto. "Entendemos que esta modificación del plan es ilegal, no ya porque lo digamos nosotros, sino porque lo afirma la propia secretaria general del pleno y porque lo dice la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que ya ha impugnado hasta tres regulaciones del ámbito nacional que van en el mismo sentido". A su juicio, la modificación supone cargarse el "44% de las plazas turísticas que hay ahora mismo", porque más del 90% de las viviendas vacacionales están afectadas por la regulación. "Se trata de una prohibición encubierta porque impone unos requisitos que son de imposible cumplimiento, favoreciendo a los grandes tenedores de viviendas, que son los únicos que pueden crear edificios completos de pisos turísticos, y perjudicando a los pequeños propietarios, a los canarios que nos dedicamos al alquiler vacacional". Destacó que la redistribución de la riqueza del turismo que se produce ahora "volverá a concentrarse en pocas manos". En la capital hay registradas un total de 2.100 pisos turísticos, que ofertan unas 9.000 plazas.
"Si la modificación del plan se aprueba, lo vamos a recurrir en los tribunales. Ya ganamos contra el Gobierno canario, cuando el Supremo anuló una serie de aspectos del decreto regional y haremos lo mismo en este caso, si el consistorio sigue adelante con una normativa al margen del sector, porque ni siquiera nos han consultado", advirtió.
