El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó ayer en la comisión de pleno de Desarrollo Sostenible incluir la vivienda vacacional como una actividad de uso turístico mediante una modificación de las normas de ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación (PGO). Esta iniciativa se hizo efectiva mediante el voto a favor de los concejales del grupo de Gobierno. La oposición, por su parte, votó en contra con la excepción de las dos concejales no adscritas, Beatriz Correas y Carmen Guerra, que se abstuvieron. Se trata de una medida que en la práctica supondrá la desaparición del 90% de esta actividad en la ciudad, pues entre otras condiciones, les obliga a tener una entrada diferenciada en edificios residenciales.

Esta no era la primera vez que la regulación del alquiler vacacional llegaba a una comisión de pleno del Ayuntamiento capitalino. En junio, a modo de primer intento fue la secretaria general del pleno, Ana María Echeandía, quien pospuso la discusión con un demoledor informe al señalar que la documentación solicitada no le había llegado en tiempo y forma. Por tanto, las modificaciones del PGO se trasladaron al presente mes de julio, concretamente a la semana pasada. Pero, la cuestión de los pisos turísticos, entre otras, fue igualmente dejada sobre la mesa, pues la oposición solicitó la presencia de unos técnicos que les explicara el proyecto.

Finalmente el asunto pudo ser tratado ayer con la presencia de dos técnicos, uno de planeamiento urbanístico y otro jurídico. Tras superar este trámite, ahora la inclusión de la vivienda vacacional pasará al próximo pleno ordinario, el viernes 31 de julio, momento en el que tendrá lugar previsiblemente la aprobación definitiva de su inclusión como actividad turística en base a las directrices que marca el PGO vigente.

La inclusión y reconocimiento de esta actividad económica por parte del Consistorio trae consigo una serie de condicionantes. De esta manera, el PGO vigente señala que los establecimientos hoteleros o de uso turístico deben de contar con unos accesos diferenciados con respecto a un edificio residencial, sin compartir ascensor o escalera. La normativa también impide que un negocio de este tipo comparta planta con una vivienda de larga duración dentro de una misma comunidad de vecinos y, además, no podrán situarse en pisos superiores.

Lo cierto es que buena parte de las viviendas vacacionales de la capital grancanaria no cumplen con estos requisitos, pues en zonas y entornos como el de Las Canteras los pisos en alquiler turístico convive en el mismo edificio con viviendas de uso residencial. Actualmente, en la ciudad hay más de 2.100 casas registradas bajo esta denominación; de las cuales el 90%, según cálculos de la propia Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), no siguen esta normativa.

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, señaló ayer que el grupo de gobierno se ha limitado a seguir los criterios marcados por el Gobierno de Canarias, pues el ejecutivo autonómico dictaminó en la pasada legislatura mediante decreto Ley que este tipo de negocio es una actividad turística. "Lo único que hemos hecho es acatar este hecho e incluir esta actividad dentro de la normativa turística en el Plan General", apuntó el edil. "No nos negamos a la existencia del alquiler vacacional, simplemente no queremos que haya desregulación", añadió.

El edil señaló que la desregularización de esta actividad podría suponer un "agravio comparativo" en relación a la planta alojativa de la capital. "¿Y si viniera un empresario a decirme que quiere poner un hotel en la 5º planta de un edificio?", se preguntó. Doreste también indicó que si esta actividad no está reconocida "no es posible saber si están cumpliendo con los requisitos sanitarios de la nueva normalidad, por ejemplo, al no tener inspecciones".

Desde la oposición municipal, el viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, señaló que el tripartito "se carga las posibilidades del alquiler vacacional de los pequeños y medianos propietarios, con el daño enorme que eso origina al turismo y a la economía local en general". Es más, el edil calificó la decisión de "ataque directo a la clase media, pero también a la trabajadora", dada la actual situación de desempleo que vive la ciudad por la pandemia pues esta actividad supone una fuente de ingresos para muchas familias de la ciudad.

Sabroso destacó que de las 377 alegaciones presentadas por los ciudadanos a esta modificación del PGO, "320 son en exclusiva en defensa del alquiler vacacional". Es más, una de estas procede del propio PP, "pues el cambio supone ir en contra de ese sector", apuntó el edil. Tras hablar con los técnicos que asistieron ayer a la comisión tal y como solicitaron hace una semana, los populares les solicitaron por escrito antes del próximo pleno una serie de aclaraciones, pero, según su viceportavoz "no son cuestiones de calado".

Ascav, por su parte, anunció la semana pasada que de aprobarse esta iniciativa llevaría la regulación a los tribunales. Doreste señaló ayer que están "abiertos" a dialogar con ellos de cara a plantear una solución o normativa específica, "en dos ocasiones los hemos citado y no han acudido", apuntó. Pero, además, dejó claro que también hay que hablar con los vecinos de las zonas donde se concentran más esta actividad. Es más, el edil de Urbanismo indicó, a modo de ejemplo, que negocian con los residentes en los Riscos capitalinos la manera de compaginar esta actividad económica dentro de sus barrios sin causar perjuicios.