El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, recibió esta semana la calificación territorial de sus terrenos del barrio de La Milagrosa para la construcción de una pérgola o un alpendre, una pajarera, parterres, un camino y muros de contención después de que en 2004, hace ya 16 años, solicitara una licencia que le fue denegada entonces por el Cabildo de Gran Canaria. La institución insular ejecuta así la sentencia dictada en 2017 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas.

Las obras que el empresario ejecutó en su terreno, de 31.244 metros cuadrados, pese a carecer del permiso administrativo por parte del Cabildo, le supuso en primer término una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil al entender que se habían realizado dentro del paraje protegido de Pino Santo. Ramírez realizó los trabajos ya que, como ha mantenido durante todos estos años, la licencia se había solicitado antes de la calificación del suelo como protegido, hecho que le permitía construir un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos de 250 y 225 metros cuadrados, una nueva carretera de 224 metros de longitud y dos de anchura, así como el refuerzo de muros, la pérgola y la pajarera.

Las pesquisas determinaron que la obra era ilegal, hecho que corroboró primero en 2010 el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas, que lo condenó a tres años de prisión al considerar que había cometido un delito urbanístico, y un año después la Audiencia de Las Palmas, que desestimó el recurso de apelación presentado por Ramírez, ordenándole asimismo a derribar parte de las obras realizadas.

El Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy evitó en noviembre de 2013 que el presidente de la UD Las Palmas entrara en la cárcel al otorgarle un indulto parcial que reducía la condena a dos años, que permite eludir la prisión si no se cuenta con antecedentes penales. El único requisito que ponía el Ejecutivo era que procediera a derruir las mejoras que había practicado en su finca. Este indulto, en cambio, fue anulado por el Tribunal Supremo por defectos de tramitación.

Ramírez siguió adelante con los litigios para demostrar que los trabajos habían sido legales, aunque procedió a echar abajo la pajarera, la pérgola y la valla al ser las construcciones afectadas por la sentencia de la Audiencia de Las Palmas.

El Cabildo denegó otra vez en 2014 la licencia al volver a entender que se encontraba en un espacio rural protegido. En 2017, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas determinó que las obras habían sido legales ya que el plan especial de Pino Santo aún no estaba en vigor en el momento que se realizaron, como sostuvo el empresario. El Cabildo de Gran Canaria acata ahora, tres años después, la sentencia. La institución insular anula así la resolución de la consejera de Policía Territorial, Arquitectura y Paisaje que en 2014 decidió no autorizar la calificación territorial que entonces presentó Ramírez, que en representación de Ralons solicitó la legalización de la pérgola, la pajarera y la valla, que ya habían sido derruidos. Ahora, 16 años después, cuenta con el permiso para volver a levantarlo.