La patronal hotelera de Las Palmas de Gran Canaria ha expresado su satisfacción por la nueva normativa aprobada en el Ayuntamiento de la capital grancanaria en relación con las viviendas vacacionales porque consideran que supone un paso más para controlar un fenómeno que ha entrado como una "apisonadora" en el sector turístico. Advierten que en la ciudad hay en estos momentos 2.421 pisos turísticos registrados frente a los 8.000 que están en situación ilegal y exigen al Gobierno canario y al resto de administraciones que pongan freno a este fenómeno.
El sector sale al paso con estas declaraciones de la aprobación, la pasada semana, por la comisión de pleno de Desarrollo Urbanístico de la modificación de una serie de normas urbanísticas en las que se asimila el alquiler vacacional a una actividad turística, lo que en la práctica aboca a la desaparición de más del 90% de los pisos turísticos porque, entre otras exigencias, se les obliga a tener una entrada separada en los edificios residenciales.
Rosy Mujica, secretaria general y portavoz de la Asociación de Hoteleros y Extrahoteleros de Las Palmas de Gran Canaria (Ahelpa), felicita al concejal de Urbanismo Javier Doreste y a su equipo "por su valentía a la hora de hacer frente a este fenómeno que concita tantos intereses y al que parece que da miedo enfrentarse".
"En nuestra ciudad, así como en muchos otros territorios, el negocio del alquiler vacacional ha pasado como una apisonadora, primero con la absurda excusa de la economía colaborativa y luego con el vacío legal con el que se ha desarrollado. Sólo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos actualmente registradas 2.421 viviendas y se calculan otras 8.000 que no se han registrado, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto?", se pregunta Mujica, quien sostiene que son "los alojamientos tradicionales, hoteles y apartamentos los que han contribuido sin duda a la riqueza de nuestra región, pagando sus impuestos y generando empleo, cumpliendo con un convenio colectivo y con normativas de todo tipo para dar calidad al destino y un servicio excelente al que nos visita".
La portavoz considera que la falta de coordinación entre las diferentes administraciones ha impedido al conjunto de la sociedad "sacar el beneficio que se podría obtener del fenómeno del alquiler vacacional", a través del correspondiente pago de impuestos y tasas y el respeto de los derechos laborales de sus trabajadores.
En lugar de eso, señala, "la Agencia Tributaria no dispone de los datos de los propietarios para hacerles cumplir con sus obligaciones fiscales; los ayuntamientos no les pasan la tasa comercial de basura a pesar de ser negocios; la Seguridad Social no sabe si los trabajadores que atienden esas viviendas están dados de alta y en qué condiciones". Añade que el Gobierno de Canarias sólo da facilidades para que más y más viviendas se sumen. Actualmente, sólo con presentar una declaración responsable, ya tienes un negocio turístico".
Para los hoteleros es fundamental que se haga cumplir el decreto 113/2015, "el único que regula este sector en las islas". Mujica critica que "hay muchísimos propietarios que se han negado a pasar por el filtro del registro de sus datos y sin embargo operan igual que el resto. La manera de evitarlo es utilizar el decreto, que recoge la obligación de mostrar el número de registro en cualquier medio por el que se publicite la vivienda". Advierte que esa medida se ha aplicado con éxito en Baleares, "trasladando este requisito a las plataformas de reservas. Si ellos lo han conseguido, ¿por qué aquí no? Se acabaría con una gran bolsa de economía sumergida y estas viviendas volverían a un mercado de alquiler tradicional que anda muy escaso de oferta y de precios razonables".
En su opinión, es "imprescindible" la coordinación entre administraciones para que el alquiler vacacional no juegue con ventaja y beneficie al conjunto de la ciudad. "El alquiler vacacional es demandado por cierto tipo de turistas y nos parece lícito siempre que se entre en el juego turístico respetando unas normas y haciendo frente a unas mínimas obligaciones. Se nos acusa de querer imponer a las viviendas vacacionales las mismas condiciones que a un hotel y es falso. Los alojamientos tradicionales estamos sujetos a muchísimas normativas, pero queremos que si hay otro candidato a entrar en el juego, no sea en clara competencia desleal y se le obligue a unos mínimos, como son los impuestos y el empleo de calidad y bajo convenio. Para esto se necesita tener localizados y fiscalizados a todos los propietarios y explotadores de estas viviendas". Recuerda que entre las normas que cumplen los alojamientos tradicionales figura el envío diario a la policía de un parte con todas las entradas de viajeros, lo que facilita la localización de personas reclamadas por la justicia. "Esas personas han descubierto en el alquiler vacacional un refugio para no ser localizados", advierte.
