El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, aprobó el pasado 23 de julio un decreto en el que se establece que el personal laboral puede ejercer el cargo de director general en el caso de áreas de especiales características como Seguridad y Emergencias y Servicios Sociales. Con este decreto se esquiva la ley que prohíbe ejercer dichos cargos directivos a personas que no son funcionarios. Los tribunales anularon durante el pasado mandato los nombramientos de Eulalia Guerra y Heriberto Dávila como directores generales de Seguridad y de Movilidad, respectivamente, por no ser funcionarios. Ambos exaltos cargos continúan en el Ayuntamiento como asesores de ambas áreas desde que se anularon sus nombramientos.
En concreto, lo que plantea dicha resolución es que la convocatoria para cubrir las plazas de direcciones generales de Seguridad y de Servicios Sociales, ambas vacantes en estos momentos, "quede abierta a personal laboral y no exclusivamente a funcionarios", en atención a las características específicas de las funciones de" estos órganos directivos.
El gobierno municipal se ampara para ello en las especiales características que tienen ambas áreas, una excepcionalidad recogida en la propia ley, que establece que en dicho caso "los nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada".
El decreto también utiliza algunos puntos de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida como Ley Mordaza, como aquel que dice que "se hace necesario contar con un perfil que exceda del eminentemente público, mediante la inclusión de personal con experiencia en colaboración entre empresas y ciudadanos con la administración, así como con personal de seguridad privada". De esta manera, con este decreto de inicia el proceso selectivo de cara a cubrir dichas plazas.
