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Vía libre a la regulación que elimina el 95 por ciento de los pisos turísticos

La oposición vota en contra y acusa al tripartito de condenar a cientos de familias que viven del alquiler vacacional - El sector prepara un recurso ante los tribunales

Viviendas vacacionales en un edificio de La Puntilla, en primera línea de Las Canteras.

Viviendas vacacionales en un edificio de La Puntilla, en primera línea de Las Canteras. ANDRÉS CRUZ

El gobierno tripartito dio ayer luz verde a la modificación de las normas pormenorizadas del Plan General de Ordenación (PGO), que abocan a la desaparición al 95% de los pisos turísticos que hay en la capital grancanaria. Todos los partidos de la oposición votaron en contra, al considerar que ello supone eliminar el negocio del que viven cientos de familias y la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) anunció que recurrirá la medida ante los tribunales y pedirá la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Javier Valentín, presidente de la Ascav, manifestó que la aprobación de la medida confirma el "desastre, porque destruye la mitad de la planta alojativa de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de más de 2.000 familias que viven de esta actividad".

La regulación del alquiler vacacional fue uno de los primeros temas del pleno maratoniano de ayer, que tuvo que ser suspendido cerca de las cinco de la tarde, cuando habían transcurrido más de siete horas de sesión, y se reanudó a las nueve de la noche, para permitir la celebración de las bodas civiles en el Salón Dorado.

Además del alquiler vacacional, se dio vía libre a la modificación del plan plurianual de la financiación del primer edificio de la reposición de Las Rehoyas y más de seis modificaciones de créditos, entre ellas la utilización de los remanentes para pagar 24 millones en facturas que se deben de años anteriores. También se dio cuenta de la liquidación del presupuesto de 2019 y su baja ejecución y se dio vía libre a la construcción, por el Cabildo, del nuevo pabellón del recinto ferial de Canarias. Se trató de un pleno escoba, al que se llevaron numerosos asuntos como suele ocurrir en las sesiones de julio, y en el que la concejala de Limpieza, Inmaculada Medina, aseguró que en el servicio no se contratará ni un empleado más en la ciudad hasta que el juez no dicte sentencia sobre los 187 barrenderos despedidos a principios de año. En el último pleno antes de las vacaciones y de agosto también hubo unos minutos para recordar y echar de menos al exconcejal de Coalición Canaria Eusebio Batista, fallecido el pasado jueves.

El alquiler vacacional fue uno de los temas que más críticas provocó en el pleno aunque no hubo debate porque el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, eludió defender sus argumentos y renunció a su segundo turno de palabra, con lo que se dio por zanjado el asunto, la oposición no pudo seguir planteando los suyos y se pasó a la votación. Doreste se limitó a afirmar que lo que se hace es definir el alquiler vacacional en los mismos términos que una actividad turística, lo que impide su explotación en edificios residenciales.

Especialmente crítico se mostró el viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, quien consideró que la regulación supone en la práctica "condenar al 95% de las viviendas vacacionales". Manifestó que se podía haber regulado perfectamente la vivienda vacacional como una actividad turística, pero estableciendo diferencias con los hoteles, apartamentos y hostales, porque impedir su coexistencia con viviendas residenciales "perjudica al pequeño propietario y las pequeñas economías, en una época en la que se está disparando el desempleo, y sólo beneficia a los grandes propietarios. Con lo que se ha aprobado se permite tener una vivienda vacacional en Ciudad Jardín, pero no en La Isleta", porque se impide la explotación en barrios tradicionales de clase media. "No esconda la realidad, señor Doreste", advirtió.

En similar sentido se pronunció la portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, quien afirmó que "prohibir el alquiler vacacional supone limitar la actividad económica que permite subsistir a muchas familias en la ciudad. A su juicio, asimilar el alquiler vacacional al resto de actividades turísticas es una decisión "simplona", porque refleja que "no se ha pensado bien en la repercusión que va a tener" en las familias "cuyo sustento depende de este negocio". La modificación, recalcó, "sólo favorece a los grandes propietarios y empresas y a los fondos buitre, que son los únicos que pueden explotar edificios enteros".

Limpieza

Por su parte, David Suárez, viceportavoz de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (CC-UxGC), criticó a Doreste por rechazar las 320 alegaciones de pequeños propietarios de viviendas vacacionales. "Llegó al Ayuntamiento por los famosos círculos de participación y ni siquiera se ha dignado a hablar con esta gente para buscar una solución. Los técnicos reconocieron que se podía haber hecho de otra forma. Rechazamos esta regulación porque afectará a muchísimas familias cuyos ingresos dependen de esta actividad", razonó.

Por otra parte, la concejala de Limpieza, Inmaculada Medina, aseguró que no hará ni una contratación más en el servicio, pese a que la plantilla está al 50%, hasta que el juez se pronuncie sobre la readmisión o no de los 187 barrenderos despedidos, una sentencia que se puede retrasar hasta septiembre. "Mientras yo sea concejal", aseveró, "no voy a privatizar a ningún trabajador municipal de Limpieza", señaló cuando Suárez le preguntó por los rumores de privatización del servicio. En cuanto a la equiparación salarial pendiente, habló de hacerlo en un plazo de cuatro años.

El tripartito rechazó una moción presentada por CC-UxGC, en la que se solicitaba a Medina y al alcalde Augusto Hidalgo un compromiso para poner en marcha antes de que acabe el año la Relación de Puestos de Trabajo, acordada hace más de un año, como bien recordó el presidente del comité de empresa de Limpieza Viaria, Marcos García, quien advirtió que el servicio "agoniza" y "está pasando por su peor época". Echó en cara a Medina que FCC siga gestionando el contrato de emergencia que se le adjudicó a dedo, pese al fin del estado de alarma.

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