El Cabildo de Gran Canaria informó ayer que, tal como establece la normativa, el deber de conservación de las charcas de San Lorenzo es de la propiedad privada y rechaza las afirmaciones reiteradas del concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, en las que insiste en que las competencias corresponden a la institución insular.
La institución insular sale así al paso de las declaraciones vertidas por el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, este lunes, en el último pleno municipal, en el que hizo referencia a la situación de las charcas de San Lorenzo, que desde hace años tienen problemas para llenarse solo con el aporte de lluvia, lo que repercute en las aves que allí anidan. El colectivo ecologista Turcón y vecinos de la zona llevan años reivindicando que el Ayuntamiento adquiera las pozas para la creación de un parque agroambiental.
El concejal de Urbanismo señaló que el ayuntamiento no puede echar agua a unas pozas que son de propiedad privada y que la demora en la negociación para su compra se debe a que al estar en un espacio protegido, dependiente del Cabildo grancanario, es el patronato insular de Medio Ambiente el que tiene que acelerar su proceso.
El área de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria indicó, no obstante, que el propietario es responsable de conservar y mantener el suelo y, en su caso, su masa vegetal, en las condiciones precisas para evitar riesgos de erosión o incendio, o para la seguridad o salud públicas, así como daños o perjuicios a terceros o al interés general, incluidos los de carácter ambiental y estético, incluidas las construcciones, instalaciones e infraestructuras.
Asimismo, recalcó que forma parte de su potestad las de usar y explotar el suelo de forma que se preserve en condiciones ecológicas y no se produzca contaminación indebida de la tierra, el agua y el aire, ni tengan lugar inmisiones ilegítimas en bienes de terceros.
El Cabildo grancanario apunta en una nota dirigida a los medios de comunicación que, en el ámbito de su protección, la normativa vigente califica como infracción muy grave, con sanciones que oscilan entre 6.000 y 600.000 euros, la alteración de cualquiera de los elementos o las condiciones naturales de un espacio natural protegido o de su zona periférica de protección cuando ponga en peligro o cause daño a sus valores y a los fines de protección o se realice con ánimo de provocar la desclasificación del espacio o de impedir su declaración como protegido, lo que no parece ser el caso.
La institución entiende que la solución es que el Ayuntamiento capitalino cierre con la propiedad el acuerdo al que habían llegado de adquirir las charcas para destinar el espacio a un parque agropecuario para la ciudad. "Si el Ayuntamiento requiriera para el desarrollo del proceso el asesoramiento o la colaboración del Cabildo, la institución está dispuesta a hacerlo. También a facilitar que los distintos planes de inversión que el Cabildo destina a la ciudad para que se puedan dedicar a rescatar las charcas y su entorno natural, pero es al Ayuntamiento al que le corresponde establecer las prioridades", puntualizaron desde Medio Ambiente.
Hoy mismo, los vecinos presentarán a la opinión pública el parque agroambiental que quieren.
