Ya no vale lo de llevar mal puesta la mascarilla -por debajo de la nariz, en la barbilla- o no llevarla, el fumar en los espacios públicos o no guardar la distancia de seguridad con otros comensales en una terraza. Las sanciones se imponen porque los irresponsables juegan con la salud de todos. Tras más de cinco meses conviviendo con el coronavirus, la Policía Local ha dejado atrás la pedagógica para multar al ciudadano que se salte la normativa sanitaria establecida. Más si cabe tras el repunte de casos activos en Las Palmas de Gran Canaria, donde ya hay notificados 1.965 casos positivos; el 58% de toda Canarias. El Gobierno autonómico y el Ayuntamiento han ampliado las medidas de seguridad sanitarias en los últimos días para evitar agravar más la situación sanitaria y económica y ahora toca que vecinos y turistas sigan respetando la normativa por el bien de todos.

Este periódico siguió ayer a una de las patrullas de la Policía Turística por La playa de Las Canteras, uno de los lugares más concurridos de la capital en estos días de calor intenso y, por tanto, un punto caliente de contagio. En una hora, la pareja de agentes locales multó a un turista por fumar en la playa, a unas señoras por hablar sin mascarilla al pie del agua y a una pareja por salir de la playa al paseo sin el tapabocas. Al mismo tiempo que advirtió a otros y resolvió dudas entre los ciudadanos sobre cuándo se debe llevar la mascarilla puesta en la arena. Su sola presencia, con cuadernillo y bolígrafo en mano, dejó a muchos bañistas atónitos, pero con el mensaje claro: esto va en serio. La pandemia y las sanciones.

El calor era ayer sofocante y el termómetro marcaba los 28 grados a las 11.30 de la mañana. Numerosos ciudadanos se concentraban a esa hora en la playa de Las Canteras, el mejor lugar para esquivar el bochorno y calima que desde hace cuatro días ha azotado a la Isla. En la confluencia de Tomás Miller y Alfredo L. Jones, una pareja de la policía local se disponía a vigilar uno de los cuatro tramos en los que esta sectorizada Las Canteras- entre el hotel Reina Cristina y playa Chica- para ver si todo el mundo respetaba las indicaciones sanitarias por el Covid.

Desde el paseo, el oficial Abel E.A observaba a bañistas y paseantes. "En una visualización general se ve que hay un cumplimiento generalizado de la norma pero cuando te fijas te das cuenta de que hay gente que aun no lo ha interiorizado", comentaba tras un vistazo profesional. Y, efectivamente, los irresponsables, los despistados o ignorantes de las nuevas medidas aparecían sin demasiado esfuerzo en el paseo, en la playa o sentados en una terraza.

El agente añadía que la playa, al ser un sitio muy concurrido, era de especial vigilancia para la policía, aunque la guardia no se baja en ningún punto de la ciudad. También por ser un espacio al aire libre en donde confluyen todas las casuística establecidas por la normativa estatal, regional y local al tratarse de un espacio de ocio, deporte y donde confluye también la restauración.

Nueve parejas de la policía local con ayuda de otras tres de los G.O.I.A recorrían este viernes la playa en busca de infractores de la ley General de Salud Pública, de 2011, dada la situación de pandemia en la que nos encontramos. El objetivo estaba muy claro: Ser contundente con los infractores para que la gente no caiga en la desidia.

A los agentes Edgar A.M. y Josué T. H. les tocaba pisar la arena. Al primer infractor se lo encontraban nada más bajar la rampa a la playa: un hombre fumando.

El turista, de nacionalidad sueca, fumaba al lado de los cubos de basura y pegado al muro del paseo para coger sombra. Tras el aviso policial trató de convencer a los agentes de que desconocía la norma y que, no obstante, se había apartado de la gente. La normativa, sin embargo, es tajante en este aspecto: no se puede fumar en espacios públicos ya que no se pueden cumplir con las medidas de dos metros de distancia exigidas. y los policías cumplieron con su deber para minimizar los riesgos de la pandemia.

Lamentablemente, el altavoz de la playa cantaba en esos momentos la prohibición de fumar en español y en inglés por lo que el caballero no podía alegar desconocimiento de la norma.

Las siguientes personas en ser multadas serían una madre y una hija que hablaban sin mascarilla con un señor a la orilla del agua. Un punto caliente porque se cruzan bañistas y paseantes; de ahí la obligación de llevarla si no se está en el agua. La aparición de los policías dejó perplejos a los bañistas.

"Me paré un momento con ellas, son gallegas y estábamos hablando de lo mismo, de llevar mascarilla", confesaba Gregorio mientras el policía tomaba nota de su DNI. "Es la falta de costumbre, estamos en una situación delicada y no me parece mal", alegaba el hombre para justificar su error que, sin embargo, no fue multado. Otro cosa bien distinta fue para la pareja de mujeres, que sí que fueron sancionadas con el consiguiente enfado pese a justificar que desconocían la norma.

Ante la situación, algunos bañistas aprovecharon la visita de los agentes para plantear sus dudas. Un surfero, con tabla en mano, preguntaba si la tenía que llevar si caminaba por la playa. Respuesta: Sí. Otra señora, si la tenía que tener sentada en la arena. Respuesta: No, si está estática en el mismo sitio. Dos parejas que estaban juntas, si la tenían que llevar al estar en grupo. Respuesta: Sí, al no convivir juntos pese a ser familia.

La pareja tuvo que llamar la atención a un padre y una hija que caminaban sin mascarilla por la orilla. "Hemos venido de Tenerife a ver a unos familiares y no sabíamos que había que llevarla", dijo el hombre que fue a por ella. Y también a Guayarmina, que venía del trabajo a pegarse un chapuzón a Las Canteras y llevaba en el bolso el tapaboca. "Pensaba que en la avenida era obligatoria pero en la playa no", señaló pese a que se cruzaba con muchos bañistas con mascarilla.

La tercera multa iba destinada a una pareja de sudamericanos. Salían de la playa y la mujer se olvidaba de ponerse la mascarilla. "Es verdad, es verdad, sé que me la tengo que poner pero se me ha olvidado", se justificaba. "No habrá próxima vez", apuntaba al agente, que ya había tomado nota de la dirección temporal en la que estaban ya que la pandemia les dejó colgados sin posibilidad de volver a su país.

La multa a todos ellos se la impondrá el Gobierno de Canarias en función del expediente de los agentes. Del tipo de infracción, de si son reincidentes y de si ha habido o no desacato a la autoridad -artículo 57 de la ley de Sanidad Pública. Las sanciones mínimas pueden llegar a 3.000 euros.