Tras el dictamen del jurado, la fiscal Beatriz Sánchez elevó de 23 a 26 años de prisión la pena solicitada para el acusado. En concreto, solicitó 23 años de cárcel por asesinato y otros tres por malos tratos habituales, así como reclamó 100.000 euros de indemnización a los herederos de la víctima. Por su parte, la acusación particular solicitó 25 años de privación de libertad por el asesinato, por entender que hubo ensañamiento, más otros 3 años por maltrato, al igual que 36.000 euros para cada uno de los 4 hijos del matrimonio. También requirió una orden de alejamiento de 10 años para salvaguardar a los hijos del acusado, tras su salida de prisión. Las acusaciones ejercidas por las administraciones (Delegación del Gobierno central para la Violencia de Género, Instituto Canario de la Mujer y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) se adhirieron a los planteamientos del Ministerio Público.

Mientras que la defensa, que en un principio había solicitado la absolución de su cliente o, en todo caso, una pena de 6 años de cárcel por homicidio, modificó su postura y reclamó 21 años y medio por asesinato y seis meses de prisión por maltrato. El juicio ha quedado visto para sentencia.