El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria gestionan de forma "urgente" realojar a una veintena de ancianos por el cierre del centro de atención a personas mayores de los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, ubicada en la calle López Bota (Las Palmas de Gran Canaria).

El viceconsejero de Política Social e Inmigración del Gobierno de Canarias, Melchor Núñez, y el consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Santana, han abordado hoy un problema "sobrevenido y muy particular", al que esperan dar una solución en los próximos días.

Núñez ha asegurado que ha encontrado una disposición del Cabildo "muy positiva y favorable" a la hora de entender "la excepcionalidad de la situación de una institución sin ánimo de lucro y en una situación muy complicada".

En la reunión, ambos políticos han coincidido en la necesidad de buscar algún mecanismo o protocolo para atender situaciones de esta naturaleza en un futuro, que vaya en interés de los usuarios de los centros que entran en una situación de precariedad o de cierre.

Melchor Núñez también ha señalado que esa fórmula no puede dañar los intereses de terceras personas, que tienen "unas expectativas de ocupar plazas en centros públicos", en consonancia con la Ley de Dependencia.

El viceconsejero ha informado de que el referido centro llegó a alojar apenas hace un mes a medio centenar de ancianos y que, tras la reubicación iniciada por los padres franciscanos, ahora quedan una veintena "en una situación insostenible".

Núñez ha explicado que es "imposible" que el centro siga abierto: "Económicamente no es viable, no cumple con las normas sociosanitarias ni con las arquitectónicas, por lo que no puede seguir funcionando".

Para el viceconsejero la institución de los hermanos de la Cruz Blanca es muy querida, no sólo porque se fundó en Canarias sino por sus 40 años de entregada labor, y entiende que ahora no pueda sostener este centro.

Por su parte, Francisco Santana ha dicho que el Cabildo trabajará por una mayor cohesión entre todas las administraciones que tengan que ver con este tema, y ha resaltado que "las necesidades sociales no deben tener color político, porque las instituciones están para prestar servicios".

"Tiene que haber esa sintonía, no sólo en el caso de la Consejería de Bienestar Social, sino también el Servicio Canario de Salud, la Fiscalía y el ayuntamiento que corresponda, porque la situación económica obliga a optimizar los recursos y a estar compenetrados en la solución de los problemas", ha añadido.

Santana ha desvelado que también trató con Núñez de situaciones en las que, en otros momentos, han chocado: "No hablo de competencias, pues cada uno tiene las suyas, pero en la mesa de trabajo de los cinco elementos que mueven la parte social tiene que haber ya un protocolo de actuación".

Ha informado que le ha planteado al viceconsejero el tema de los menores inmigrantes, sobre los que el Gobierno tiene competencia y que el Cabildo tuvo que asumir en su momento "por responsabilidad" y por que ellos estaban "desbordados".

"Ahora vamos a tratar de equilibrar la situación porque es la mejor manera de que ninguna institución vaya en declive", ha indicado Santana, quien ha agregado que espera en este mandato la "unificación de criterios de unidad" para resolver los problemas de los más necesitados.

Asimismo, ha abogado por "modificar" la Ley del Menor, que es más restrictiva en Canarias que en la Península, para que el servicio sea menos costoso y se pueda atender a más personas.