El concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Néstor Hernández, ha reconocido hoy que los ajustes presupuestarios realizados dificultan el pago en 2011 de una posible indemnización a los vecinos que denunciaron la construcción de la Biblioteca Pública del Estado, que el Tribunal Supremo ha ordenado demoler.

Hernández, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por ACN Press, insistió hoy en que "acatan" la sentencia del Alto Tribunal, pero recordó que se trata de una "obra simbólica" que cada año utilizan más de 200.000 usuarios, por lo que confió en lograr un acuerdo económico con la comunidad de propietarios del Edificio San Telmo para evitar el derribo.

Asimismo afirmó que ahora mismo es "muy difícil" saber de dónde saldrían las partidas necesarias para hacer frente a los pagos, debido a la constricción ejercida sobre las cuentas municipales de cara al ejercicio en curso.

En caso de que las partes se avengan a un acuerdo, Hernández adelantó que este año "va a ser prácticamente imposible" poder satisfacer la cuantía, que dijo, aún no ha sido determinada por los técnicos municipales. "Se derribe o no, va a tener consecuencias económicas para el Ayuntamiento", lamentó el concejal de Ordenación.

Hernández ha lamentado que el Ministerio de Cultura, quien financió la construcción del edificio, podría también pedir responsabilidades a la institución local, ya que fue éste quien dio la licencia de obra para la construcción de esta infraestructura, sin la elaboración de un Plan Especial que ordenara la zona.

El Tribunal Supremo dictó este lunes una sentencia que obliga a demoler la Biblioteca Pública del Estado, ya que "la ordenación de la parcela es nula de pleno derecho por haberse aprobado para eludir el cumplimiento de la referida sentencia de fecha 10 de octubre de 2002", después de que la licencia urbanística fuera aprobada por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 1997.

Por último, el concejal afirmó desconocer qué cantidad tendría que abonar el

Ayuntamiento a la comunidad de propietarios para que no se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo y emplazó a un futuro informe técnico que determine dicha cuantía, que los afectados asuman "costando lo menos posible" para las arcas municipales.