"Los fines de semana tenía fobia al subir las escaleras de mi casa porque sabía que no iba a dormir". El tono entrecortado de una vecina de Triana, mientras narra ante el juez el sufrimiento que pasó al no poder dormir entre los fines de semana de los años 2001 a 2007, estremece. "La gente se alegra cuando llega el fin de semana porque sabe que va a descansar... yo los veía llegar aterrada".

Sus palabras fueron ayer un eco del pasado, cuando sus denuncias contra el pub Le Club surtieron efecto y llevaron a precintar definitivamente el local que supuestamente había martirizado a toda su familia. Ayer, ante el magistrado de la Sección I de la Audiencia Provincial, Miguel Ángel Parramón, el juicio quedó visto para sentencia.

El ministerio fiscal no varió las penas que pide para el que fuera dueño del local, Jesper Max D. A., quien se enfrenta a una pena de dos años y medio de prisión y una multa de unos 10.000 euros por un supuesto delito contra el medio ambiente en su modalidad de emisión indebida de ruidos con riesgo grave para la salud de las personas y tres faltas de lesiones.

Las declaraciones de los diez testigos apuntalaron la versión del escrito de acusación del fiscal. El pub Le Club, instalado en una calle céntrica de la zona de Triana, presuntamente no fue adecuadamente insonorizado e impidió a los vecinos de la zona conciliar el sueño durante varios años en las noches en las que ejercía su actividad: los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivo.

Los denunciantes más dañados por la supuesta emisión del ruido tuvieron que medicarse, según el informe forense presentado a la causa. En concreto, un testigo afirmó: "Yo tenía que tomar Valium 5 y me ponía tapones en los oídos para poder dormir, y a veces ni con eso. Al día siguiente me levantaba con dolor de cabeza, como si estuviera medio borracho y saltaba a cualquier cosa a la primera".

Una sarta de mentiras

En sus conclusiones, el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, Javier Ródenas, explicó a la Sala que el acusado había "hecho un amplio uso de su derecho a no decir la verdad" en su declaración y que, dadas las reiteradas ocasiones en las que abrió el pub sin tener el visto bueno del Ayuntamiento para hacerlo, "parece que se preocupó más de lo que iba a dejar de ganar si lo mantenía cerrado que de la salud de los vecinos, cuando sabía que su actividad entrañaba riesgo para ellos por la multitud de denuncias que le habían puesto".