El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, ha llegado a un acuerdo con el Colegio de Abogados de Las Palmas para abonar los 178.605 euros que han facturado de menos por los servicios del turno de oficio prestados durante el tercer trimestre del año pasado.

Ruano se reunió ayer con el decano, Joaquín Espinoza, el vicedecano Javier Monzón y dos portavoces del comité de huelga constituido por el colectivo de abogados afectados.

Según fuentes que estuvieron presentes en la reunión, el consejero reconoció que su departamento había interpretado de manera errónea el convenio que reorganiza el servicio y sus baremos.

Debido a esa interpretación errónea, el Gobierno ordenó el pasado marzo una orden de pago de 1.493.663,69, cuando el Colegio calculó que los honorarios de las guardias y demás asistencias de los abogados ascendían a 1.672.269,48 euros. La diferencia de cantidades se produjo porque Presidencia y Justicia unificó en una sola guardia las asistencias especiales de juicios rápidos y violencia de género, ahorrándose 145,09 euros por cada caso, en total 178.605 durante el tercer trimestre de 2010, que es el que ahora está liquidando el Colegio de Abogados de Las Palmas.

Ante el acuerdo alcanzado, lo más probable es que el turno de oficio retire la convocatoria de huelga indefinida presentada el pasado martes ante la Dirección General de Trabajo. "La reunión fue cordial y hubo entendimiento. No tenemos por qué desconfiar de la actitud del consejero", aseguró ayer Tomás Valdivielso, uno de los portavoces del comité. Los letrados se reunirán mañana para decidir si siguen adelante con la protesta o la desconvocan.

En cualquier caso, la tensión por la gestión del servicio de justicia gratuita sigue intacta. El convenio está impugnado en los tribunales y el Colegio de Tenerife nunca lo llegó a firmar porque no estaba de acuerdo con los nuevos baremos. Por eso se dictó la orden que ha causado la última polémica.