La Justicia exige el derribo de la Biblioteca Pública

La Justicia ha ordenado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por segunda vez en menos de cuatro meses ejecutar "inmediatamente con demolición de lo construido" la Biblioteca Pública del Estado, por incumplir una sentencia de 2002 que anulaba la ordenación de la parcela donde se ubica el edificio, en la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt. El gobierno municipal se tomó ayer con serenidad este segundo aviso recordando que hace gestiones con el Ministerio de Cultura para que declare el inmueble de interés público y, por lo tanto, impida el derribo.

Una providencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con fecha 18 de marzo, notifica al Ayuntamiento la sentencia del Tribunal Supremo, que anula dos autos de esa misma Sala del TSJC con fechas 16 de septiembre de 2008 y 1 de julio de 2009, "al mismo tiempo que declara que la ordenación de la parcela, en la que se sitúa el edificio de la biblioteca Pública del Estado, es nula de pleno derecho por haberse aprobado para eludir el cumplimiento de la sentencia de fecha 10 de octubre de 2002, la que debe ejecutarse inmediatamente con demolición de lo construido".

El Ayuntamiento ya anunció ayer que esta notificación no cambia la hoja de ruta establecida por el alcalde, Jerónimo Saavedra, que pedirá la declaración de interés general del edificio al Ministerio de Cultura para evitar el derribo, aseguró el concejal de Ordenación del Territorio, Néstor Hernández. La providencia será recurrida.