Fernando Martín, dueño de la promotora Martinsa, reclama al anterior propietario de Fadesa, Manuel Jove, que le devuelva 1.576 millones por venderle terrenos sobrevalorados en toda España, de los que 49,8 millones se corresponden a terrenos situados en Las Palmas de Gran Canaria (44,1) Vecindario (Santa Lucía) y La Oliva. El diario El País reflejaba en su edición de ayer la disputa judicial en la que se ven inmersos ambos empresarios con intereses en esta capital.

Martín y Jove llegaron a un acuerdo en 2007 por el que el segundo vendía al primero su empresa, Fadesa, por 4.045 millones de euros lo que incluía activos y solares por toda España. Sin embargo, sólo un año después, el conglomerado Martinsa-Fadesa suspendió pagos y entró en concurso de acreedores al verse perjudicada por la crisis del ladrillo. Fernando Martín achaca ahora a esta sobrevaloración de los activos de Fadesa la penuria de su empresa.

Jove vendió a Martinsa en 2007 los activos que tenía depositados en la provincia de Las Palmas, mayoritariamente en su capital. Así, la propiedad y los derechos sobre promociones como Gran Guanarteme, Lazareto-La Isleta o Tamaraceite Sur, pasaron a la cartera de Martinsa junto al suelo de las urbanizaciones La Madera (Santa Lucía) y La Atalaya Dorada (La Oliva). Martín, explica el diario madrileño, no reclama el dinero total del valor del suelo, sino la cantidad que ha dejado de ingresar por no poder poner en marcha esas promociones y no vender los pisos. Así, por el Gran Guanarteme, Martinsa reclama 32,2 millones de euros; por Lazareto-La Isleta, 5,9; por Tamaraceite Sur, seis; por la Atalaya Dorada, 4,7 y por La Madera, un millón.

Fernando Martín, ex presidente del Real Madrid, ha demandado a Jove en los tribunales en base a un informe pericial realizado por una empresa norteamericana que registra irregularidades como que en 2007 se valoraron dentro del lote comprado por Martinsa suelo que no era propiedad de Fadesa, terrenos con clasificaciones urbanísticas que no se ajustaban a la realidad, con grados de edificabilidad distintos (como ha ocurrido con el Gran Guanarteme), o que no son urbanizables. De los 37 casos irregulares demandados a la Justicia destaca el de una promoción en Murcia valorada en 237 millones y que la nueva pericial tasa sólo en siete millones.