Cerca de dos décadas hicieron falta para que se culminara el proyecto de reposición de las viviendas de protección oficial de El Polvorín construidas en los años 60. Fue un proceso complejo y costoso que desgrana el arquitecto José Luis Gago en su libro El Polvorín. Reposición e historia de un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, presentado ayer en el centro cívico del barrio por la concejala de Vivienda, Chani Ruiz.

Gago recordó ayer que la reposición de las 842 viviendas, que finalizó en junio de 2009, fue un proyecto novedoso a nivel nacional porque hasta ese momento no era usual que los bloques de protección oficial se reedificaran en el mismo solar. "Es un modelo interesante porque evita que la ciudad sea objeto de especulación con unos terrenos valiosos que se encuentran al lado de Triana", explica el arquitecto, que sostiene que precisamente este fue uno de los motivos por los que se tardó tanto en llevar a cabo la reposición de estos inmuebles.

"El proyecto tenía que estar consensuado por todas las administraciones y había que estudiarlo a fondo al ser una operación experimental", ya que "había muchas dudas", afirma Gago, que considera en algunos aspectos como positiva esta tardanza porque, "si se hubiera hecho sobre la marcha, se podían haber vuelto a cometer los errores de los años 60".

Al acto acudió Encarnación Medina, de la asociación de vecinos Mi Barrio, unas de las pioneras en la lucha por la reposición del núcleo, cuyo deterioro urbanístico era más que evidente en los 90. A lo que se sumaban la delincuencia, la inseguridad y los trapicheos de drogas. Para Medina, que se emocionó durante su intervención, este libro significa mucho para El Polvorín y sus vecinos, que por fin disfrutan de unas viviendas dignas. "Lo importante es que las obras han acabado", dijo.

Por su parte, la concejala de Vivienda aseguró que para ella es una "satisfacción" que se recoja todo este largo proceso en un libro. Uno de los principales propulsores de este proyecto fue el Partido Popular (PP), durante el mandato de José Manuel Soria y Pepa Luzardo, aunque fue el PSOE el que puso el punto final en 2009 con la entrega de las últimas llaves.

En total fueron 75 millones de euros los que se invirtieron, unos 33 millones más de lo previsto inicialmente, ya que los continuos retrasos lo fueron encareciendo.