Reducir personal o disminuir las horas de trabajo de los profesionales. Esto es lo que han tenido que hacer la mayoría de las siete asociaciones que atienden a personas con discapacidad intelectual (Adepsi, Apadis, Apnalp, Aprosu, Aspace, Civitas y Fundación Ser) para hacer cuadrar las cuentas hasta que el Cabildo insular les pague los 343.801 euros que les adeuda en concepto del IPC del 2010 y del incremento de éste desde el 2006, fecha en que dichas ONG firmaron con la institución un convenio dentro del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad en Canarias (2005-2010).

La Fundación Ser, por ejemplo- a la que se adeudan 48.193 euros- ha tenido que eliminar a un técnico de integración social y a dos cuidadores polivalentes que hacían labores de apoyo y sustituciones en el centro ocupacional y en los dos hogares que regenta la asociación. Entre ambos centros, se atiende a unas 60 personas mayores de 18 años.

Marisol Hernández, coordinadora de proyectos de la organización, explica que el ajuste les ha hecho también recurrir "directamente a fábrica para abaratar costes" de alimentación y de material.

La asociación Aprosu también ha tenido que ajustar la plantilla para que las dos residencias y los dos pisos tutelados sigan atendiendo a los 67 adultos; 14 de ellos sin familia o tutelados directamente por la organización. De las 80 personas que trabajaban en la asociación el pasado año se han quedado en 74. La gerente Carmen Delia Arencibia señala que las bajas del personal se combaten con el "sacrificio del personal" ya que hay unos mínimos exigidos por ley que no pueden incumplir.

En el caso de Aspace, otra de las ONG afectadas que atiende tanto a niños como a adultos, ha tenido que reducir a la mitad la jornada laboral del psicólogo lo que supone menos tiempo de dedicación a las familias.

Su presidenta, Margarita Hernández, señala que las instituciones públicas son bastante "ignorantes de lo que pasa en los centros, el trabajo y dedicación" que las personas discapacitadas y sus familias necesitan.

La opinión de Hernández es compartida por el resto de las asociaciones. Señalan que de persistir la deuda- que enfrenta al Cabildo insular con el Gobierno de Canarias; ya que las dos deben hacer frente al programa asistencial- los usuarios sólo tendrán una atención asistencial y no de calidad como se merecen.

La asociaciones, unidas con la Federación Regional Canaria de organizaciones a favor de personas con discapacidad intelectual (Feaps Canarias), volverán a salir a la calle el 26 de abril para denunciar dicha situación. Esta vez, se manifestarán en Triana.