Canarias se convirtió en 2019 en la cuarta comunidad autónoma en número de condenas a menores por delitos sexuales, con un total de 26 sentencias firmes por este tipo de causas. Las Islas se situaron tan solo por detrás de Andalucía (88), Cataluña (64) y la Comunidad Valenciana (64), regiones con una población muy superior, según datos del informe de criminalidad publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Reyes Martel, magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, señala que se ha producido “un aumento geométrico” de este tipo de infracciones y se ha terminado convirtiendo en un problema “alarmante” ante la falta de una educación definida en torno a las nuevas tecnologías, pero también por cómo se ha desarrollado el modo de vida actual.
Los números no han parado de crecer en los últimos años, así lo reflejan las cifras aportadas por el INE. En Canarias, en 2017 fueron condenados por esta causa nueve menores de entre 14 y 17 años, por lo que el incremento hasta ahora ha sido de un 188,9%. Mientras, en el conjunto de España las sentencias han pasado de 269 a 416 en este periodo, es decir, los delitos sexuales entre adolescentes han crecido un 54,65%.
Las Islas superan a otros territorios claramente más poblados, como puede ser Madrid
“Desde hace algunos años llevo viendo un aumento geométrico; principalmente de abuso sexual, que es la puerta de entrada a lo que sigue [las agresiones]”, indica Martel. La magistrada señala que este tipo de delitos están en “íntima relación” con otros como la violencia de género o el maltrato familiar, los cuales también han crecido entre los jóvenes y adolescentes. “Hay un denominador común a todos ellos que es la violencia y un hilo conductor, que no queremos admitir ni enfrentarnos a esa realidad”, indica, en referencia a las nuevas tecnologías y el mal uso que se les pueda dar entre los niños y adolescentes.
Pero, en esta cuestión, Reyes no aboga por prohibir el uso de las mismas, sino volcar los esfuerzos en la educación, tanto de las instituciones como por parte de las propias familias. “Igual que desde chiquititos les dan matemáticas o lengua, debería haber una asignatura para aprender a gestionar las nuevas tecnologías”, señala. “Ahora tienen un fácil acceso a la pornografía. Lo que antes era puramente clandestino, ahora está al alcance de un simple click”, apunta antes de señalar tajante que “normalizan esas películas, que son ciencia ficción”.
Ve necesario un “reciclaje” por parte de las familias ante la brecha digital entre generaciones. “Se nos ha ido la situación de las manos, por eso hay que tomar el toro por los cuernos”, explica, “y esto no significa prohibir el acceso a las nuevas tecnologías, se trata de educación”, prosigue. Y es que, según la magistrada, el problema se ha convertido en “estructural” y “va a seguir en aumento”.
Los delitos sexuales han crecido más en los últimos tres años que el resto de penas dictadas
Pone énfasis en la influencia de casos como el de La Manada y también en la necesidad que tienen muchos jóvenes de grabarlo todo, incluidos los propios delitos, ya no solo los sexuales sino también otros como el bullying. “Las redes sociales provocan un alto grado de imitación, para ellos la línea que separa la información del espectáculo es muy delgada; no distinguen la realidad de la ficción”, subraya.
De ahí que la magistrada vea importante empezar “desde ya” a trabajar en la educación de los menores. “Pero mientras sigamos así los casos no van a disminuir, seguirán en aumento”, señala tajante. “Una de las claves es ser conscientes de una vez por todas, introducir en las aulas formación adecuada y los padres reciclarse y aprender a seguirles la pista”, añade.
Mientras tanto, los datos revelan que la situación en el Archipiélago es peor que en otros territorios. Sin ir muy lejos, el año pasado hubo más sentencias por delitos sexuales que en otras regiones con mayor población, con el claro ejemplo de la Comunidad de Madrid (17 sentencias). Además, el grueso de las condenas se dan en las islas capitalinas, con Gran Canaria a la cabeza, indica Martel. Esto se puede deber a cuestiones de diferente índole, señala.
“Ellos imitan conductas y en muchas ocasiones la violencia la han visto directamente en casa por parte de sus padres”, señala Martel. La magistrada hace referencia a los índices de “analfabetismo funcional” o al mayor número de padres jóvenes que existen en las Islas con respecto a la media española. También entra en juego el menor poder adquisitivo de las familias canarias. “Aunque la pobreza no tiene por qué ir ligada a la educación de valores”, puntualiza en este sentido. Sin olvidar la alta densidad de población del Archipiélago, especialmente en Gran Canaria, y la sociedad de consumo. “Todo esto es una olla a presión”, recalca.
Los juzgados españoles condenaron el año pasado según el informe del INE a un total de 14.112 menores, un 3,44% más que en 2017. En Canarias, las cifras hablan de 1.051 adolescentes de entre 14 y 17 años con sentencias firmes en su contra, un 37,21% más que hace dos ejercicios. De esta manera, se puede comprobar que los delitos sexuales están claramente al alza frente al resto.
Cifra de condenas
El número de condenas por delitos sexuales a menores crecieron en Canarias entre 2017 y 2019 un 188,9%, al pasar de nueve sentencias a las 26 del año pasado, según el INE.
En el conjunto de España, los delitos sexuales protagonizados por menores crecieron entre 2017 y 2019 un 54,65%; estos pasaron de 269 a 416 sentencias firmes según el INE.
