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El Ayuntamiento actualiza el uso de los centros cívicos y los locales sociales

Participación Ciudadana prepara un nuevo reglamento para su gestión | La concejalía habla de mala praxis en algunos espacios por parte de las asociaciones

El Ayuntamiento actualiza el uso de los centros cívicos y los locales sociales

El Ayuntamiento prepara un nuevo reglamento para el uso y gestión de los centros cívicos de la ciudad, así como de los locales sociales y espacios culturales polivalentes de titularidad municipal, cerrados desde marzo por el coronavirus. Una situación que ha generado malestar entre las asociaciones y colectivos que las utilizan, que reclaman su apertura con las medidas de seguridad y sanitarias pertinentes para poder continuar con sus actividades.

El reglamento data de 1994 y según el Ayuntamiento “está obsoleto” y, en muchos casos, no se aplica en su totalidad. La concejalía de Participación Ciudadana, de quien dependen estos espacios, ha solicitado a los colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro que los usan que planteen propuestas para su mejora para elaborar un borrador previo que pueda ser debatido por la oposición y la ciudadanía. Por el momento, ha recibido nueve propuestas.

La normativa recoge que estos locales son espacios destinados a prestar servicios públicos, pero también para impulsar actividades para el desarrollo cultural y social de los ciudadanos, así como para promocionar la vida asociativa y la participación de los vecinos en la gestión de la ciudad.

Los locales sociales están cedidos a asociaciones que gestionan su uso, sin prestación alguna al Ayuntamiento, y se encargan de su mantenimiento, mientras que los centros cívicos cuentan con un consejo o comisión gestora, en donde hay representantes del Ayuntamiento, de las entidades que las usan y de la junta de distrito. En estos casos, están dotados de un presupuesto y el Ayuntamiento se responsabiliza de su conservación.

El grupo de gobierno busca actualizar la organización interna de estos espacios, sus usos y las actividades que se desarrollan ya que es aquí donde se plantean los mayores problemas. Según la concejalía de Participación Ciudadana, algunas centros cívicos y locales están en manos de asociaciones que no están declaradas de interés público municipal, incumpliendo así la normativa autonómica, o bien las cesiones han prescrito o se hicieron sin el procedimiento administrativo adecuado. También habla de mala praxis de las asociaciones que gestionan los locales sociales.

El presidente de la Asociación Unión Vecinal Don Zoilo, Matías Dávila, que gestiona el local social Barranquillo de Don Zoilo asegura que ellos cumplen con el reglamento “a rajatabla” y que dan cabida a las asociaciones culturales, sociales y vecinales “que nos lo piden” para reuniones o para realizar actividades. “Si hay nuevas normas nos adaptaremos pero lo que no se puede hacer es quitar el carné de conducir a todos porque haya habido unos accidentes”, puntualiza porque por la mala actividad de unos cuantos paguen todos. Dávila asegura que el local se hizo gracias al empeño de la asociación vecinal, que pagó un estudio geotécnico para avalar que el lugar de construcción, en la esquina Párroco Villar Reina, era idóneo, y echa en falta que no haya actividades promovidas por el Consistorio.

El objetivo del Ayuntamiento es dotar a los locales de una gestión “eficaz, eficiente, transparente y en igualdad de oportunidades” para todas las asociaciones y ciudadanos que quieran beneficiarse de su uso ya que algunos lugares se han convertido en reinos de taifas, pero también recuperar su papel centralizador.

La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Lidia Cáceres, reclama tener un diagnóstico sobre el estado de conservación de los locales, pero también controlar el tipo de actividades que se realizan. “No es lo mismo que se ceda el local a una asociación que hace una labor social que a otra que solo va a bailar; la aportación que realizan a la comunidad no es la misma”, apunta la edil, que asegura que no se pueden convertir en locales que funcionan como “clientelismo de las asociaciones que las gestionan”, ni como meras “cantinas”.

El edil de CC-Unidos por Gran Canaria, David Suárez, crítica, por su parte, que el Ayuntamiento ha tardado cinco años en darse cuenta de que la normativa está obsoleta. “En el pasado mandato anunciaron que actualizaría las normas y el movimiento asociativo aún sigue esperando por ello”, puntualizó. Suárez insiste en que promover el tejido social es apoyar la gestión y elaboración de proyectos de las entidades y “no solo hacerse una foto”. Reclama el adecentamiento de los locales, algunos de los cuales presentan problemas de humedad, accesibilidad o suelos fotos.

Más de 280 asociaciones registradas

En la ciudad hay 14 centros cívicos, 49 locales sociales y 6 centros culturales polivalentes repartidos por los cinco distritos con mayor o menor actividad en función de quién los gestiona. Los espacios han ido surgiendo en función de las demandas y presiones de las asociaciones vecinales, principalmente, y de otros colectivos, pero también de los intereses políticos del gobierno de turno como moneda de cambio en un barrio sin que hubiera una política municipal concreta. Un informe elaborado por el Ayuntamiento en 2019 sobre el asociacionismo en la ciudad habla de la existencia de unas 500 asociaciones si se cuentan las deportivas. En el registro municipal figuran 284, el 30,7% son culturales, el 18,8% son vecinales, el 14,3% son de salud; el 8% son religiosas y el resto de diversa tipología. | L. S. V.

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