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Desahucian a una pareja de jubilados y a su hijo discapacitado en Arenales

A la familia se le venció el contrato de alquiler con opción a compra y no pagaron el restante porque no cobraron el dinero de sus terrenos expropiados por el Consistorio

María Teresa Pérez, junto a sus nietos que le ayudaban a retirar los enseres del que fue su hogar y al que no había podido entrar desde el lunes.

María Teresa Pérez, junto a sus nietos que le ayudaban a retirar los enseres del que fue su hogar y al que no había podido entrar desde el lunes.

Una pareja de jubilados y su hijo discapacitado han sido desahuciados de la vivienda en la que residían alquilados en el barrio de Arenales al no poder hacer frente al pago de la totalidad de la casa.

El Juzgado de Primera Instancia número 17 ha desahuciado a María Teresa Pérez de 74 años, su esposo Juan Santana de 84 y el hijo que tienen en común de 40 años y que, además, tiene una discapacidad del 65% y padece de esquizofrenia, de la casa terrera en la que residían situada en la calle Curva del barrio de Arenales. Esto después de que se cumpliese el plazo del pago de la totalidad de la vivienda a la que había accedido mediante un contrato de alquiler con opción a compra y la pareja no pudiese hacer frente a este debido a que contaban con un dinero que les debe cancelar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a causa de la expropiación de unos terrenos propiedad de la afectada.

El desalojo estaba previsto para el pasado mes de enero pero fue suspendido y se alargó hasta el lunes pasado debido al Estado de Alarma por la crisis sanitaria.

El Ayuntamiento asegura que esperan respuesta judicial para pagar el justiprecio

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María Pérez firmó una escritura con opción a compra el 29 de julio de 2017 con los dueños de la vivienda en el que estipularon el pago de una entrada de 62.000 euros, una cuota final de 143.600 y 24 mensualidades de 600 euros. La última cuota de alquiler se venció en julio de 2019 y no pudo pagar el resto de la casa. Su abogado defensor en el trámite del desahucio Roberto Vera del despacho Judice Abogados, sostiene que “al no haber recibido el dinero por la expropiación urbanística de los terrenos que son titularidad de la señora ella no pudo terminar de cumplir con el contrato”.

Los terrenos situados en Las Torres fueron expropiados hace unos seis años, antes de que se instalará en el Ayuntamiento el actual gobierno, sin embargo desde el Consistorio han informado que se “se le pagó el dinero de la expropiación pero luego la señora pidió una nueva tasación porque entendía que se le habían pagado menos de lo que le correspondía”. Por lo que aseguran se encuentran a la espera del pronunciamiento judicial ya que el tema se encuentra en los juzgados.

De igual forma han reseñado que desde que haya un pronunciamiento actuarán al respecto y han hecho énfasis en que “cualquier persona que esté ante un desahucio puede acudir al Ayuntamiento y actuamos rápido, evitamos una media de 80 desahucios al año”. Sin embargo, reseñan que no han podido actuar porque “estas personas no han acudido al área de vivienda”. A pesar de ello, el departamento de Servicios Sociales del Distrito Centro entregó un informe al Juzgado en el que dice que no procede el informe de vulnerabilidad de la familia porque estos manifestaron que son propietarios desde 2017 de la vivienda de la que estaban siendo desahuciados.

Los afectados fueron sacados de la vivienda el lunes sin sus enseres ni medicinas

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El letrado de la afectada manifiesta que intentó que se hiciera de nuevo un informe sobre la situación social y económica de la familia ya que el anterior estaba errado y que trató de evitar el desalojo de estos mediante un escrito referente a la prohibición de desahucios a personas en situación de vulnerabilidad por parte del Ejecutivo Nacional que la magistrada Paloma Bono “ignoró”. “A sabiendas de la injusticia dictó una resolución que va en contra de los intereses de mi representada y la ha dejado en la calle. Ha faltado al derecho constitucional de la vivienda”, sentencia.

María Teresa Pérez, que tiene diversas patologías y un antecedente de cáncer, narra que ella pagaba el alquiler a través de un señor pero un día le notificaron que se debían tres meses de arrendamiento por lo que pagó sobre la marcha, “que conste que no debo ni un duro”, afirma. “Yo esperaba un dinero que se ha tardado, me denunciaron por falta de pago y me echaron a la calle como agua sucia y sin ropa, yo soy diabética y hace tres días no me ponía la insulina porque no la tenía “. La jubilada que trabaja desde los 11 años limpiando viviendas, asegura que desde que se hizo efectivo el desalojo no duerme en una cama, aunque agradece a su abogado por conseguirle una solución habitacional momentánea al verla en la calle y por haber logrado que se le permitiese acceder el miércoles a la vivienda para retirar sus enseres.

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