El fiscal que lleva el caso del médico que añadió patologías psiquiátricas al historial de su exmujer para, presuntamente, perjudicarla en el proceso de divorcio ha rebajado de seis a cinco años y medio la petición de condena privativa de libertad por el delito contra la intimidad, en concurso medial con otro de falsificación documental, a la vez que ha interesado una indemnización de 20.000 euros para la afectada.
En la última sesión del juicio contra el galeno del Servicio Canario de Salud (SCS) Sergio H., por agregar el diagnóstico de personalidad narcisista o trastorno esquizoide de la personalidad al historial médico de su expareja con el supuesto fin de utilizarlo en el proceso de divorcio para quedarse con la custodia de la hija menor de ambos, el representante del Ministerio Fiscal José Antonio Díez afirmó que lo hecho por el acusado ha ocasionado que la denunciante resultase afectada psicológicamente a tal punto que no confía en el SCS. “Se vulneró la confianza, seguridad y tranquilidad que el paciente tiene respecto a la institución”, sostuvo.
Es por ello que añadió a su escrito de conclusiones finales una compensación económica de 20.000 euros para la afectada “porque el perjuicio causado a ella es indudable”. Además, agregó que si la agraviada hizo público su historial clínico en medios de comunicación fue para sacar a la luz la verdad de lo que le estaba ocurriendo y después de que su exmarido entregase un extracto del mismo a la psicóloga que emitiría un informe clave para el proceso de divorcio. “No se puede pretender que no hubo dolo porque él era el médico de cabecera de ella cuando realizó estos actos pese a que tenía puesta una orden de alejamiento hacía la víctima”, recalcó el fiscal a la vez que explicó que el acusado debía poner en conocimiento del SCS que tenía una prohibición de acercarse a una de sus pacientes por lo que debía ser sacada de su cupo.
Igualmente, resaltó que no se discute si él tenía la autorización de entrar al historial clínico, sino que abusó de su poder para agregar un diagnóstico “para utilizarlo a su beneficio en un procedimiento civil”.
Por su parte, la letrada de la acusación particular, Dolores Bethancort, pidió siete años de cárcel y una indemnización de 200.000 euros ya que considera que el procesado “atentó gravemente” contra la víctima utilizando un extracto de su expediente médico, incorporando patologías que “no tiene y que siguen a día de hoy en su historial”. “No tenía derecho a utilizar el expediente para lo que se le diera la gana y con el fin de tratarla como si estuviese loca”, apuntó. También aseguró que el psiquiatra privado de la afectada emitió un informe donde consta que ella no tiene esa enfermedad mental y que solo busca exculparse de no haberla sacado de su cupo y acceder a su información porque “ya volverá, así son las mujeres”.
A su vez, reveló que el fallo del divorcio dejo a la afectada en la calle al reconocer la casa donde ambos vivían como un bien privado de él y que están en otro procedimiento buscando el reconocimiento de deuda por 200.000 euros que ella aportó a la casa.
El letrado de la defensa Carlos Santana interesó la libre absolución al no considerar probado los hechos, además expresó que no se ha comprobado que la afectada no tenga ese diagnóstico ya que sostuvo que el informe del psiquiatra es de meses anteriores a que el acusado introdujese la patología. Mientras que el abogado del SCS, como responsable subsidiario, Javier Bordonau se adhirió a lo solicitado por la defensa y manifestó que la afectada pudo cambiar de médico y que la indemnización, cuyo objeto no considera probado, es “para intentar sacar ese dinero en este procedimiento por si no lo logran en el otro”. El juicio quedó visto para sentencia.
