La Diócesis de Canarias ha puesto en marcha una comisión para prevenir los abusos sexuales a menores y a personas vulnerables dentro de la propia iglesia. La comisión, dirigida por el párroco de El Tablero y San Agustín, Eloy Santiago Santiago, no ha recibido hasta el momento ninguna denuncia. Los casos serán tratados de forma confidencial.
La Comisión para la protección de menores y la prevención de abusos sexuales, como así se denomina esta oficina de atención a posibles víctimas, fue creada el pasado 29 de mayo por el obispo emérito Francisco Cases a punto de cumplirse el año requerido por el Papa para que todas las diócesis del mundo contaran con un instrumento específico para que las víctimas de estos delitos pudieran denunciar su caso, así como evitar que personas dentro de la Iglesia obstaculizasen o tapasen dichos sucesos.
La carta apostólica del Papa, titulada Vosotros sois la voz del mundo, publicada el 7 de mayo de 2019 después de que Francisco I se reuniese en febrero con todas las conferencias episcopales para abordar este tema; y en la que se disponía la creación de una comisión u oficina en cada diócesis para resolver estos asuntos, quería dar respuesta a las denuncias públicas que cientos de personas habían hecho en Chile, EEUU y Canadá, y otros países, contra los abusos sexuales que habían sufrido de pequeños.
Las víctimas y las familias pueden contactar a través de un correo electrónico
La comisión, confirmada por el nuevo obispo José Mazuelos Pérez el pasado 21 de septiembre, está compuesta por cinco miembros: el sacerdote licenciado en Derecho Canónico y Doctor en Teología Eloy A. Santiago Santiago; la doctora en Psicología y Psicóloga del Tribunal Eclesiástico Eloina García; el sacerdote claretiano y director del Colegio Claretiano además de secretario de Escuelas Católicas en Canarias Juan José García; la psicóloga forense, especialista en maltrato infantil y terapeuta de familia del Centro de Orientación Familiar, Sabina González y la psicóloga clínica y forense con experiencia en acoso de menores Rita Ojeda.
Por el momento se ha dispuesto un correo electrónico -protecciónmenores@diocesisdecanarias.org- para las denuncias.
Como cualquier otro ámbito de la sociedad, la Iglesia no ha sido ajena a este tipo de atentados contra la infancia, la adolescencia y la libertad sexual. Solo en 2018 se cometieron 451 delitos contra menores de 0 a 17 años en la comunidad Canarias, según el Portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, donde se computan los datos que registran los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. En las cifras, en los que las niñas son la peor paradas, se incluyen desde violaciones a tocamientos pasando por pornografía infantil, entre otras acciones.
El sacerdote Eloy Santiago, rector del Templo Ecuménico del Sur, explicó esta semana que la comisión tendrá dos funciones. Por un lado, investigar los delitos cuando haya una denuncia, así como prevenir este tipo de actos y, por otro, acompañar y orientar a las víctimas, a sus familias, en el proceso desde el punto de vista espiritual y psicológico, así como médico y terapéutico si fuera necesario. También a la persona que ha cometido el abuso.
La comisión estudiará también aquellas denuncias relacionadas con la producción, exhibición, posesión o distribución, incluso por vía telemática, de material pornográfico infantil, por parte de un sacerdote o religioso, así como si incurre en recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas.
“Yo no juzgo ni emito juicio de valores. Mi función será la de recabar la información necesaria para que la denuncia no sea infundada y trasmitir un informe al Obispo de la diócesis, que será quien decida qué proceso seguir. Bien enviarlo a Roma [Congregación para la doctrina de la Fe], a los tribunales eclesiásticos, archivarlo o establecer medidas cautelares a la espera de que el caso se resuelva”, comenta el sacerdote. En el caso de que el acusado sea un religioso, el asunto pasará por el máximo responsable de la congregación. El director de la comisión aclara que la presunción de inocencia se mantendrá siempre sobre el acusado y que la denuncia que se haga a través de esta vía será al margen de la que la víctima ponga a nivel civil.
Prevención
En cuanto a la labor preventiva que desarrollará la comisión, figura la difusión de su existencia, así como establecer un manual de buenas prácticas para saber qué tienen que hacer catequistas, sacerdotes, personal de Cáritas, maestros u otras personas que trabajen para la Iglesia ante la sospecha o detección de un caso de abuso a un menor en el seno de la misma, pese a que ya existe un protocolo al respecto de la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Española y en las propias escuelas además “del sentido común” de las personas.
El también párroco de San Agustín subraya que siempre ha habido la posibilidad de denunciar este tipo de casos a través del Obispado o de algún sacerdote, aunque desconoce cuántos casos se hayan podido dar en la Diócesis de Canarias al estar catalogados como “reservados” porque así lo estipula la Iglesia. En su opinión, la existencia de esta comisión hará que el camino de la denuncia sea “más accesible” para las posibles víctimas.
Investigará los sucesos y prestará ayuda psicológica y espiritual a los afectados
El director de la comisión Eloy Santiago, que también es profesor del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, manifiesta que quieren hacer de la Iglesia “un lugar seguro” y que la educación sexual dentro de la escuela y la familia es un buen antídoto para frenar esta lacra social, que tacha como “vergüenza del siglo XXI y de la humanidad” como lo es también el turismo sexual y la trata de personas humanas, en donde los niños son las principales víctimas.
“Se trata de un tema muy serio y muy delicado. Un asunto muy preocupante no solo dentro de la Iglesia, sino en el ámbito familiar, educativo, deportivo”, matiza el párroco, respecto a que los abusos sexuales a menores no solo se dan en la Iglesia, sino en todos los sectores de la sociedad. Y critica la doble moral de la sociedad que, por un lado, aborrece y penaliza este tipo de conductas, pero, por otro lado, se muestra permisiva con los productos televisivos, con la música, los contenidos en internet y la pornografía velada que consumen los menores sin que nadie lo cuestione.
