El fiscal pide 18 años de cárcel para un hombre al que acusa de forzar a prostituirse en Gran Canaria a mujeres de las que se hacía novio en su país, Rumanía, cuando eran menores, y a las que luego agredía y atemorizaba para que le siguieran reportando ingresos por estos servicios. Esta será parte de la condena que interesará la Fiscalía en el juicio oral que comenzará el próximo martes en la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas para el procesado Goergian R.D., en prisión por estos hechos desde el 16 de abril de 2019 y quien llegó a casarse y a tener un hijo con una de las mujeres a las que le acusan de someter para que se prostituyera, actividad que obligó a ejercer a su esposa hasta estando embarazada.
En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público afirma que el procesado inició en 2006 en Rumanía un noviazgo con la por entonces menor de edad A.G.S., con quien llegó a convivir y a quien en 2012 propuso viajar a Barcelona “con el único fin, y sin que ella lo supiese, de trasladarla a Gran Canaria para forzarla a ejercer la prostitución y beneficiarse de los ingresos que generara dicha actividad”.
Fue así como ambos viajaron en coche hasta la capital catalana, desde donde se trasladaron el 12 de abril de 2012 a Gran Canaria “para, supuestamente, visitar al padre del encausado”. A los días de llegar a la isla, el acusado “engañó” a A.G.S. al decirle que comenzaría a trabajar en un bar de copas de la calle Molino de Viento de la capital, donde la mujer “se vio forzada a ejercer la prostitución”.
Para “doblegar su voluntad y lograr su absoluta sumisión, el encausado desarrolló en ella un estado de desprotección, al vigilarla a través de terceras personas, llamarla constantemente para conocer los servicios realizados y las cantidades cobradas que debía entregarle, retirarle su documentación, atemorizarla con atentar contra su familia y propinarle palizas”, asegura el fiscal, quien destaca que esta situación hizo que la víctima “desarrollara sintomatología propia de estrés postraumatico”.
Obrando de la misma manera, en 2010 el procesado inició un nuevo noviazgo en Rumanía con una menor de 14 años, una relación que retomó, tras una interrupción, en 2015, “con el propósito de trasladarla a Gran Canaria” para prostituirla. Tras convivir con ella en Rumania, el acusado le propuso trasladarse a vivir a dicha isla, para lo que adquirió unos billetes de avión con los que volaron el 3 de julio de 2015 haciendo escala en Madrid.
Absoluta sumisión
A los dos días de llegar, el procesado obligó a su novia “a ejercer la prostitución, empleando para ello el miedo y un control férreo que ejerció sobre ella para doblegar su voluntad y lograr su absoluta sumisión, al desarrollar en ella un estado de indefensión”, para lo que “contaba los preservativos que ella utilizaba y constantemente la llamaba para conocer los servicios realizados y las cantidades cobradas que debía ella entregarle”.
En agosto de 2016 el encausado huyó a Rumania para evadir una investigación policial llevada a cabo en Gran Canaria por un delito de trata de seres humanos y prostitución coactiva, en la que su pareja declaró como testigo protegido. De vuelta en su país, el encausado convenció a la mujer, que había quedado en Gran Canaria, de que abandonase España y regresara para casarse con él, con lo que “evitó que la investigación penal prosiguiese contra él”.
Ya ambos en Rumanía contrajeron matrimonio el 16 de septiembre de 2015 y ella quedó embarazada, aunque él siguió obligándola a ejercer la prostitución, incluso cuando esperaba al hijo de ambos, un bebé que luego “utilizó para obligarla a regresar a España para” continuar ejerciendo tal actividad, “a lo que ella accedió por miedo”, pese a que esta situación generó en la mujer “sintomatología depresiva, crisis de ansiedad y sintomatología propia del trastorno de estrés postraumático”.
La Fiscalía considera que el procesado es el presunto autor de dos delitos de trata de seres humanos en concurso medial con un delito de prostitución coactiva y de dos delitos de maltrato habitual en los que aprecia las circunstancias agravantes de parentesco y por razones de género, por los que solicita una pena global de 18 años de prisión. También interesa que el encausado indemnice a las dos víctimas con 10.000 euros, respectivamente.
